Fernando Berrocal / periodista /
Este será un setiembre turbulento en Costa Rica y en América Latina.
En Argentina un gigantesco escándalo de corrupción involucra a Cristina de Kirchner y a su fallecido marido Néstor, expresidentes y líderes del peronismo.
Es de novela: el chofer de un Secretario de la Casa Rosada, durante 10 años escribió meticulosamente unos cuadernos en los que medía los kilómetros que recorría, las empresas y los empresarios que visitaba, el tamaño de los maletines llenos de cientos de millones de dólares en efectivo que le entregaban a su Jefe, como pago anticipado para ganar las licitaciones sobre construcción de multimillonarias obras públicas que, desde la poderosa sede del gobierno y al más alto nivel, se ordenaba adjudicar a los esos empresarios poderosos y corruptos, a cambio de esas millonarias coimas. ¡Histórico!
En Brasil, el expresidente Lula está en la cárcel, sentenciado a 12 años, por el caso de la empresa Odebrecht que pringó, igualmente, de millones de dólares a políticos en doce países y produjo hasta una renuncia presidencial en Perú.
Lo único que le gana a esa corrupción argentina y brasileña, en cantidad de millones de dólares, es el robo inmisericorde de la bonanza petrolera de Venezuela, estimada en más de US$ 400.000 millones y que no tiene paralelo en la historia universal, realizado por los delincuentes Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la sarta de ladrones y militares chavistas que han desgobernado y arruinado ese país.
Daniel y la Challo en Nicaragua son unos aprendices de brujo.
Así como el izquierdista Correa, de Ecuador, a quien lo andan buscando en Bélgica o el derechista Ricardo Martinelli que, si lo dejan, en su megalomanía se roba hasta el canal de Panamá.
Y así cantidad de casos más… de corrupción estructural e ilegalidad rampante. Es la ideología de la pillería y la ilegalidad.
Costa Rica no ha sido la excepción. La diferencia son las dimensiones y los montos. Nada más. Pero la verdadera diferencia está y debe estar siempre en que, en este país, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley ni puede alegar en los Tribunales de Justicia, ignorancia de la ley.
Aquí, después de ocho años de silencios cómplices en el Ministerio Público y de penetración político partidaria en las más altas esferas del Poder Judicial y en la Sala III Penal, la impunidad casi adquiere nivel de ley.
Sucede que, en el ejercicio del gobierno, algunos se sienten elegidos por un poder superior al del pueblo soberano y creen que están por encima de la ley y las instituciones. Algunos hasta cambian de modo de andar y hablar.
Se les olvida que, en este país, nadie está por encima de la ley, ni puede alegar ignorancia de la ley. Eso es sagrado. Al nivel político y de poder que sea.
En ese extraordinario principio constitucional, ético y político, se fundamenta la vida misma de nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho.
Esa reflexión y ese recordatorio, es lo pertinente en este el mes de la Patria.
