Lic. Fernando Berrocal / Periodista /
Como un “error histórico” calificó el Dr. Manuel Ventura, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno de los más calificados expertos en Derecho Internacional, la decisión de la Canciller Epsy Campbell de no apoyar la iniciativa de Canadá y seis países de América Latina, apoyada por Francia, de denunciar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el caso de Nicolás Maduro y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Comparto plenamente esa opinión.
Al proceder de esa forma, este gobierno del PAC-PUSC-FA, se ha apartado de la histórica política internacional de Costa Rica y ha abandonado su valorado liderazgo mundial, en materia de promoción, defensa y lucha por la libertad y la democracia, con fundamento en la denuncia, la solidaridad y el firme respaldo a los pueblos sometidos a crueles y brutales dictaduras que violentan sus Derechos Humanos Fundamentales, como sucede en Venezuela.
Igual es el caso de Daniel Ortega y la dictadura sandinista en Nicaragua.
El hecho es aún más grave, porque el texto final del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional, incorporó artículos redactados por la Delegación de Costa Rica, cuando dicho instrumento fue negociado entre 1994 y 1998, primero en Nueva York y después en Roma. Nuestro país fue líder en ese proceso y el primero en ratificar ese fundamental Tratado Internacional.
El Tratado de Roma es un eje medular del moderno Derecho Internacional, con reformas y avances históricos que modificaron la visión del Derecho Penal, al establecer que, en caso de crímenes de lesa humanidad, las personas físicas puedan ser juzgadas por un Tribunal Internacional y, de ser declarados culpables, después de un debido proceso, ser condenados a cumplir prisión.
Ese “error histórico” es imperdonable.
Además y como si fuera poco, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha convertido, en los hechos, en un botín político del PAC y de la señora Canciller, en contra de lo que establece la Ley 3530 de agosto de 1965 sobre el Estatuto del Servicio Exterior de la República y su Reglamento, al reiterarse hasta la saciedad la vieja y censurable práctica de recoger a exfuncionarios del mismo partido político y del anterior gobierno y que, no siempre, tienen las mejores calificaciones y nombrarlos como embajadores y en cargos de altísimo nivel.
Por supuesto que hay excepciones y muy calificadas, pero como norma general, esa piñata es censurable, en éste y en cualquier otro gobierno.
Lo hicieron gobiernos del pasado y ahora… lo hace el PAC, en contra de lo que por años han dicho en todas sus campañas electorales y en contra de las prédicas iracundas de su fundador que, como político y economista capaz, fue designado acertadamente en el BCIE, mientras los valores y la ética en la función pública y la defensa de posiciones históricas de política internacional, son abandonadas y marginadas por la Cancillería de la República.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es la cara de este país y de todos los costarricenses ante el mundo. No debe ser utilizado como un botín político.
