Esteban Pittaro / Aleteia/
Un nutrido grupo de instituciones provida consiguió a finales del año pasado que desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social se apoye una línea telefónica gratuita en todo el país para atender telefónicamente a madres en situación de vulnerabilidad preocupadas por su embarazo, en la cual el aborto no sea una solución.
El convenio firmado a finales del año pasado había sido rubricado por la Fundación Vida en Familia y la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio. Hasta que grupos que promueven la legalización del aborto no expresaron su repudio públicamente, el acuerdo seguía vigente y la línea se pondría en marcha este año. Pero a último momento, desde el Ministerio se desactivó el convenio.
La línea telefónica y la Red creada para atenderla, la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, había sido incluso presentada en el Congreso de la Nación este 6 de marzo, en un acto acompañado por parlamentarios comprometidos con la defensa de las dos vidas.
Pero el Ministerio, mientras los grupos a favor del aborto hacían saber con más fuerza su rechazo por este apoyo, indicó a los responsables de atender la línea que debían informar a las madres que llamen de las cláusulas de aborto no penalizado y del protocolo de aborto ante esos casos. Y al poco tiempo, pese a que se había trabajado exigentemente en cumplimentar todos los requisitos durante nueve meses, canceló el acuerdo inicial, retirándole el apoyo económico comprometido inicialmente.
El aborto en la Argentina es, de acuerdo a la opinión de muchos especialistas, inconstitucional. Un protocolo ministerial lo protocoliza a instancias de un pedido judicial que buscó dar entidad al Código Civil de 1921, código que considera no punibles los casos de embarazo producido por violación o riesgo de vida para la madre. Durante décadas la no punición no se correspondió con apoyo, o utilización para reclamar liberación total del aborto. Pero hoy, difundir el acceso al aborto bajo la figura de “interrupción legal del embarazo” es parte del plan de trabajo en materia de educación sexual de las carteras oficiales. y gran parte de los que insisten en su aplicación, aún cuando en provincias enteras no haya médicos o políticos que lo compartan, piden la legalización total del aborto.
La Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, de la que participan organizaciones católicas, evangelistas, y de distinta procedencia, igual comenzará a operar a partir del 1 de abril con la línea 0-800-333-1148. Lo hará sin apoyo del Estado nacional, que en esta ocasión o por presión o por convicción dio la espalda a más de 200 organizaciones provida.
