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Para alta funcionaria de la ONU las leyes provida son “violencia contra la mujer”

ACI Prensa /

Los esfuerzos para prohibir el aborto en Estados Unidos llevaron a que una alta funcionaria de las Naciones Unidas calificara de “tortura” y “violencia contra la mujer” recientes leyes provida aprobadas en algunos estados.

Kate Gilmore, ciudadana australiana que ocupa el cargo de Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo al diario británico The Guardian que las nuevas leyes que limitan el aborto en algunos estados de Estados Unidos son contrarias al pensamiento de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quienes han hecho declaraciones independientes indicando que la “prohibición absoluta” del aborto va “contra los derechos humanos”.

En una entrevista publicada el 4 de junio, Gilmore dijo que “no hemos denunciado (a las leyes provida en los Estados Unidos) de la misma manera que a otras formas de odio extremista, pero esto es violencia de género contra las mujeres, no hay duda”, expresó.

Además, dijo que “está claro que es una tortura, es la privación de un derecho a la salud”.

Gilmore fue designada para su cargo actual en diciembre de 2015. Anteriormente se desempeñó como secretaria general adjunta de Amnistía Internacional.

Su tiempo allí coincidió con la controversial decisión de Amnistía Internacional en 2006, que planteaba acabar con la neutralidad sobre el aborto y abogar por el acceso al aborto como un derecho humano. También ha ocupado cargos de liderazgo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“Esto es una crisis. Es una crisis dirigida a las mujeres”, dijo Gilmore sobre las restricciones al aborto en los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, otros estados, incluidos Nueva York y Vermont, han propuesto o aprobado leyes extremadamente permisivas que, de hecho, permitirían el aborto hasta el nacimiento.

Si bien la intensa retórica de Gilmore sorprendió a algunos, otros funcionarios de la ONU han hecho comparaciones similares y han vinculado la oposición al aborto con la tortura y las violaciones de los derechos humanos.

Por su parte, el Arzobispo Bernardito Auza, jefe de la misión de Observador Permanente de la Santa Sede en la ONU, ha cuestionado los intentos de promover el aborto en las Naciones Unidas.

Durante una reunión de la Comisión de Población y Desarrollo realizada el 3 de abril de 2019, Mons. Auza rechazó los reclamos por parte de algunos líderes de Estados Unidos, que proponen al aborto como un derecho.

“Sugerir que la salud reproductiva incluye el derecho al aborto viola explícitamente el lenguaje de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, desafía los estándares morales y legales dentro de las legislaciones nacionales y divide los esfuerzos para atender las necesidades reales de las madres y los niños, especialmente aquellos que aún no han nacido”, expresó Mons. Auza.

Asimismo, en reiteradas oportunidades, el Papa Francisco ha comparado la práctica del aborto con la «contratación de un sicario» y ha denunciado las campañas de aborto “eugenicistas” contra los discapacitados.

La oposición diplomática de la Santa Sede a la agenda mundial del aborto se remonta a décadas atrás, durante el pontificado de San Juan Pablo II, quien escribió una carta al secretario general de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994.

En esa carta, San Juan Pablo II expresó su gran preocupación por el hecho de que el borrador del documento de la conferencia mostraba una “tendencia a promover un derecho internacionalmente reconocido de acceso al aborto bajo demanda, sin ninguna restricción, sin tener en cuenta los derechos de los no nacidos”.

El diario The Guardian también indicó que aunque Gilmore reconoció que las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no pueden exigir a los estados, sí pueden presionar a los gobiernos para que actúen a favor del aborto.

“El sistema de derechos humanos no tiene un ejército, pero lo que sabemos es que muchos tribunales nacionales siguen esa jurisprudencia en sus propias decisiones», expresó.

Traducido y adaptado por Carla Marquina. Publicado originalmente en CNA.

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