Róger Murillo /periodicomaranata.com/ Foto: El mundo.cr/
Con un total de 577 modificaciones, el grupo de diputados de Nueva República (en Costa Rica), pretende bloquear al proyecto que tiene como objetivo sancionar los llamados “crímenes de odio”, cuyo verdadero nombre es “Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia”, el cual fue presentado por Enrique Sánchez, diputado de Acción Ciudadana (PAC), partido en el poder.
Dicha propuesta está apoyada por legisladores de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio.
Este expediente (20.174) pretende prevenir y castigar exclusiones fundamentadas en razones de nacionalidad, sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, idioma, religión, afiliación gremial, opiniones políticas, condición migratoria, discapacidad y otros.
“Desde el periodo pasado venimos advirtiendo sobre lo peligroso de este proyecto, que si se llega a aplicar en Costa Rica, muchos serán atacados y perseguidos, tan solo por expresar una opinión sobre la agenda que promueven partidos como Acción Ciudadana o el Frente Amplio por ejemplo, usando criterios subjetivos y a conveniencia de quienes interpreten la ley. De manera que si un ‘progresista’ califica a un conservador como retrógrado, homofóbico o medieval, eso es libertad de expresión, pero si un conservador dice ‘no al aborto’ o ‘no al matrimonio homosexual’, eso es odio. Igual si algún creyente se opone a la ideología de género, eso para ellos será discurso de odio”, afirmó Fabricio Alvarado, líder de Nueva República, en un comunicado reciente.
Estaríamos como en Venezuela o Nicaragua
Los diputados del bloque Nueva República, expresaron que este tipo de leyes ya existen en países totalitarios como Venezuela y Nicaragua, donde utilizan este recurso para silenciar a todo oponente político, dando demasiado poder al Estado, que pretende -según este proyecto- crear un órgano político que interprete el ejercicio de libertades fundamentales, según reza el artículo 15 del mismo.
Podrían disolver asociaciones o cerrar iglesias
Este grupo de diputados argumenta, que el artículo dos de esta iniciativa, le daría al Estado la potestad de disolver asociaciones civiles, sindicatos, cerrar iglesias, escuelas, colegios o universidades privadas, e inclusive eliminar partidos políticos por razones ideológicas.
Nueva República catalogó de totalitarias las figuras penales creadas en este proyecto, mencionando por ejemplo, el concepto “pertenencia a organizaciones de odio”, citado en el artículo 34, donde se pretende sancionar a los miembros de iglesias o asociaciones, si el pensamiento político o religioso de sus líderes son ‘interpretados’ como de odio, por el gobierno de turno.
Incluye penas de cárcel
Como si lo anterior fuera poco, los artículos 33 y 34, incluyen penas de cárcel que van desde los seis meses hasta los tres años, para quienes sean encontrados culpables de cualquier “manifestación de odio”, siendo el único parámetro para tales fines, que la persona ofendida asegure que “se siente afectada” por cualquier expresión hecha por el acusado.
Cabe destacar también que esta iniciativa, intenta regular a los periodistas por la forma de enfocar alguna noticia relacionada con los temas mencionados en este proyecto.
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