Fuente: Elizabet Romero / La Prensa / Nicaragua / Foto: Óscar Navarrete /
Desde el pasado 18 de abril cuando miembros de la sociedad civil promovieron un plantón en el sector del Camino de Oriente, Carretera a Masaya y se extendió a las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), el Gobierno del dictador Daniel Ortega utilizó a los grupos de paramilitares para atacar y amedrentar a los manifestantes.
Desde esa noche y en el transcurso de los dos meses aumentaron su criminalidad y por tanto el terror entre la población. A estos se les atribuye muchos de los asesinatos contra manifestantes ocurridos durante este período.
El uso de paramilitares en las ciudades es calificada por el investigador en temas de seguridad, Roberto Orozco, como un sistema de terrorismo de estado, pues es el Gobierno el que “está implementando medios ilícitos para imprimir terror en la gente. Y estima que “su objetivo es necesariamente el dominio social”.
Estas agrupaciones se mueven en camionetas sin placas que según el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, son “los becat modernos” y por donde pasan dejan estelas de terror, pues bien pueden rafaguear por puro placer a una persona, aterrorizar a los asistentes de las velas de las víctimas o secuestrar a cualquier persona y no necesita que estén en una protesta.
Participan en las llamadas operaciones limpiezas junto a la Policía como ha ocurrido en los barrios de Managua y municipios del país, siempre van encapuchados portan armas de guerra y hasta se atribuyen acciones de seguridad como fuerzas de facto pese que están totalmente fuera de la ley.
Y han llegado a asesinar o golpear cuando la población se resiste a que les requisen cuando transitan por el sector donde están ellos, como ocurrió el lunes pasado en el sector de San Marcos, Carazo, donde asesinaron a José Antonio Solís, de un balazo por oponerse a ser requisado por esos grupos, cuando se movilizaba en una bicicleta o intimidar, agredir y robar sus equipos a periodistas de medios independientes en el sector de Ticuantepe, la mañana de este martes.
El abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, lo califica como un fenómeno que hasta ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha identificado como fuerzas parapoliciales, y “es un mecanismo de represión e intimidación complejo que escaló y su tendencia es a que siga escalando”.
“Durante una década vimos a las llamadas turbas agredir a manifestantes con el claro propósito de generar intimidación en la población para que se abstuvieran de protestar. En ese momento estábamos en presencia de fuerzas de choque que contaban con la tolerancia de la Policía Nacional”, indicó Pineda, quien destaca que a partir de abril, todo cambió cuando “la Policía Nacional se auxilió de estos grupos ahora más violentos para realizar detenciones y atacar hasta con medios letales a la población que arreció sus protestas”.
Y esto es parte de lo que verificado por la CIDH en su visita entre el 17 y 21 de mayo, dice Pineda, quien consideró que “es ahí el calificativo de fuerzas parapoliciales que hace la CIDH, pero la crisis de hoy en Nicaragua hay que analizarla con un prisma distinto. Estas fuerzas parapoliciales, están transitando a convertirse en fuerzas paramilitares, justamente porque la crisis de Nicaragua está por convertirse en una guerra civil sui generis o atípica”.
Grupos al margen de la ley
Orozco coincide que aunque a estos grupos les han dado en llamar parapolicías en realidad ejercen una labor de paramilitares, dado que portan armas de fuego y de guerra. Y estos son grupos irregulares al margen de la ley que no pueden ejercer la función de requisas a la población y pretender aplicar la ley “ni siquiera de facto”.
“Lo que está haciendo el Gobierno es intentando dominar socialmente la situación a través del uso del terror. Y esa es la explicación del por qué los grupos paramilitares grupos parapoliciales como les querrás llamar son los que tienen la vanguardia en la lucha contra las protestas masivas. Ni siquiera es la Policía”, expresó Orozco.
El investigador también señaló que esta no es la primera vez que el Gobierno usa a los paramilitares, sino que empezó con el ataque a los jóvenes de OcupaINSS, el 22 de junio de 2013, cuando un grupo de chavalos fueron atacados por solidarizarse con personas de la tercera edad que demandaban una pensión reducida y en en ese entonces la población les llamó los grupos de choque.
Lo novedoso, indicó Orozco, radica en que estos grupos ahora portan armas de guerra y decididos a matar.
