Fernando Berrocal / Periodista/
En su corta pero certera intervención ante la Corte Plena, al razonar su voto sobre el plan fiscal, el Magistrado Román Solís dijo que “algo está mal en este país” para que 22 Magistrados primero y 7 Magistrados después, en la Sala Constitucional, tengan que resolver sobre la situación de la Hacienda Pública.
Efectivamente, algo está mal en este país, para que prevalezca y esté por encima el gobierno de los jueces (Sala Constitucional), el gobierno de los auditores (Contraloría General de la República) y el gobierno de los abogados (Procuraduría General de la República), sobre el gobierno de los elegidos soberanamente por el pueblo, en las urnas electorales, cada cuatro años, como corresponde a un Estado de Derecho y es lo propio de una República.
Por supuesto que toda sociedad democrática debe tener un sistema eficiente de controles y de pesos y contrapesos. Pero… exageraciones tampoco, como es la realidad institucional y legal a 70 años de la Constitución Política de 1949.
Una camisa de fuerza y una maraña de obstáculos y trámites institucionales y legales obstaculiza el desarrollo integral del país, como lo exige el tiempo que vivimos y así, entrabados, enredados y enfiestados, hemos llegado a la casi ingobernabilidad de nuestro sistema democrático y republicano de vida.
Si algo han tenido de bueno estas semanas de debate sobre la reforma fiscal y la realidad hacendaria del país, es ponernos frente a la verdad y revelarnos el país verdadero que tenemos, después de una larga fiesta de 20 años.
¿Cómo no va a estar mal un país en el que el 46% de los impuestos se gasta en pluses salariales a los funcionarios y pensiones de lujo a los exfuncionarios?
No hablo de los salarios justos que todo el mundo se merece, en el sector público y en el privado o de las leyes laborales que conforman nuestro Estado Social de Derecho. Hablo de las 22 cesantías y pluses estrafalarios. Hablo de salarios y pensiones públicas equivalentes a $20, $25 y hasta $30 mil dólares.
Hablo de esas pensiones exorbitantes de lujo a exministros, exdiputados, exmagistrados y ex académicos universitarios, que no guardan absolutamente ninguna relación con las pensiones normales y contributivas de la CCSS que no dependen del Presupuesto Nacional. Hablo de una insostenible exageración.
¿Cómo es que llegamos a este nivel de absurdo y de excesos?
Hablo de exageraciones estrafalarias y del asalto persistente y silencioso pero certero a que ha sido sometido el Estado Costarricense, en las últimas décadas.
Si algo está mal, muy mal, en Costa Rica, como dijera el Magistrado Solís.
Porque esto no es justicia y equidad social. Esto tampoco es desarrollo equilibrado. Esto, simplemente, es una sociedad de privilegios inadmisibles.
Costa Rica urge de una revisión a fondo de su Constitución Política y de una reforma integral y estructural del Estado Costarricenses y sus 330 instituciones y de una revisión justa y equitativa del oprobioso sistema de privilegios establecido en su sector público. Este es el gran reto de nuestro país.
