Ramón Antonio Pérez/ Aleteia/
84 menores han sido detenidos, muchos de ellos golpeados y humillados, sin importarles a los cuerpos de seguridad que algunos tengan condiciones especiales o sufran enfermedades crónicas.
“Mami, Pai ya no quiero estar aquí. Respóndanme cómo va el proceso”, dice la misiva de una niña, que el 26 de enero de 2019, envió a sus padres desde un centro de reclusión de Venezuela, donde estuvo detenida luego de ser acusada de participar en las protestas ocurridas en su comunidad en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La carta fue conocida por los medios de comunicación, pero mantiene en reserva el nombre de la menor y el lugar de residencia para resguardar su seguridad y la de sus familiares.
“Estoy bien, cálmense, quiero que estén tranquilos porque aquí todos estamos juntos”, escribió la niña de la carta refiriéndose a sus compañeros y amigos. Buscaba darles aliento a los padres que pasaron varias horas sin saber dónde estaban. “Espero salir pronto (todos) aquí nos tratan bien”, relató de manera inocente y solidaria. “Los amo. Espero estar con ustedes el lunes, con el favor de Dios. Los extraño mucho”.
Sin embargo, a pesar de la calma que intentaba transmitir, la niña prisionera concluía su carta con la frase más rotunda que hacía descubrir lo vivido de su injusto cautiverio: “Mami, Pai ya no quiero estar aquí. Respóndanme cómo va el proceso”.
Golpean niño con epilepsia
El testimonio de Jickson Rodríguez, un niño que se encontraba retenido por la Guardia Nacional en el estado Bolívar, es un ejemplo de que la arremetida de los afectos al gobierno de Maduro, no toma en cuenta la edad ni las condiciones a la hora de violar los derechos humanos de los venezolanos.
El niño le pidió que no lo golpearan más. “Le dije a los guardias: ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’, y lo que hizo fue darme una cachetada (…) me daban cocotazos, les decía ‘no, yo no puedo recibir cocotazos, que sufro de ataques de epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”, reportó Caraota Digital
El estado Yaracuy ha sido una de las entidades donde más han sido atacados los niños y ciudadanos en general que reclaman la salida de Maduro y exigen respeto a los derechos humanos. Ediluh Guedez Ochoa, jueza primero de control de esta entidad, ratificó el caso de los once menores detenidos, denuncia en las redes sociales a través de video.
El día 25 de enero recibió “un procedimiento de 11 adolescentes que se encontraban manifestando”, pero “al revisar evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva por lo que mi decisión inicial fue darles libertad”, dijo. Sin embargo, su decisión no fue cumplida.
Fue “coaccionada por la presidenta del circuito judicial” quien “sigue lineamientos políticos” del Gobernado Julio León Heredia. El 26 de enero, al tratar de incorporarse al circuito judicial para revisar la medida de oficio, y darles la libertad a los adolescentes, dijo: “me fue negado el acceso recibiendo amenazas de muerte a mí y a mi familia”.
“Todavía los niños no han sido liberados”, dijo para Aleteia un sacerdote de San Felipe, en medio de los “cacerolazos de protesta” de este miércoles 30 de enero, una de las dos jornadas convocadas por el presidente interino Juan Guaidó.
“La otra protesta será el 2 de febrero y los sacerdotes, hombres y mujeres de la iglesia yaracuyana, seguiremos al lado de la gente. Es injusto que todavía estos niños se mantengan prisioneros de un régimen inhumano. Queremos su libertad”, señaló.
La sociedad venezolana de puericultura y pediatría avisó al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, “sobre la violencia desatada en contra de los niños y adolescentes (…) violando de forma reiterada todos los derechos humanos de estos menores de edad”.
