Fernando Berrocal/ Abogado y periodista/
Iniciando la Semana Santa se anuncia en la prensa que el MOPT y CONAVI han dejado amarrados hasta el año 2021, todos los contratos por sumas realmente multimillonarias para el recarpeteo y el mantenimiento de la red nacional de carreteras, con el argumento de que las apelaciones pararon el proceso por tres años y, por supuesto, que la infraestructura nacional está destrozada.
Uno piensa, ingenuamente, que tal vez deberían haber tenido la decencia de esperar al nuevo gobierno, pero esos detalles éticos elementales y básicos no van para nada con este gobierno PAC, ni siquiera para disimular o vaya usted a pensar qué otras cosas más. Eso lo dejo a la imaginación de cada quien.
Leyendo sorprendido la noticia, recordé aquella frase célebre de Luis Guillermo Solís, de que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, como excusa de fracaso de estos cuatro años en los temas prioritarios del país.
Lo grave es que igual le pasará al futuro presidente de la República y su gobierno, por mejores intenciones que tenga y así lo espero, para salir del hueco en el que estamos, si no se tramitan y aprueban, en la Asamblea Legislativa, varias reformas esenciales y urgentes a la estructura y funcionalidad del Estado y sus 300 instituciones. Ojalá en mayo mismo.
No me refiero solo al número de funcionarios, sus pluses y privilegios, que son la causa principal del déficit fiscal, sino al tamaño, incoherencia, controles absurdos y a la maraña legal de un sector público ineficiente e ingobernable.
El más grande error de concepto de algunos políticos, ha sido afirmar que el tema se resuelve solo con gerenciar o administrar mejor al sector público.
Gerenciar en la empresa privada es absolutamente distinto que administrar en el sector público, y gobernar para la gente y el progreso del país. En este país hace mucho tiempo que se administra muy mal al sector público y que nadie hace obra importante de infraestructura, ni gobierna en serio. La única excepción es la nueva carretera de Cañas a Liberia, en Guanacaste, iniciada en el gobierno de doña Laura Chinchilla y concluida en esta administración.
La culpa no la tienen las personas, aunque muchas jefaturas y funcionarios han perdido el sentido y la razón de ser del servicio público. El problema es la rígida y, a la vez, gelatinosa e ingobernable estructura legal del Estado Costarricense que imposibilita una gestión pública moderna, funcional, eficiente, oportuna y de servicio a los grandes y legítimos intereses de la gente y el país.
Moverse dentro de ese elefante ingobernable, dominado por los grupos corporativistas, es un esfuerzo desgastante. No hay flexibilidad. No hay criterio de oportunidad. El sector público está legal y estructuralmente diseñado para hacer siempre lo mismo y no hacer olas ni cambios. Lo normal resulta entonces la ineficiencia, la pasividad y la inacción, además de las apelaciones sin fin.
Transformar esa maraña y estructura legal tomará su tiempo y exigirá mucho liderazgo y, sobre todo, capacidad de negociación desde la Casa Presidencial.
Pero sí podríamos iniciar el proceso de dos legislaturas y avanzar, presentando una reforma a la Constitución Política, vía el artículo 195, para aprobar una nueva figura jurídica común en los países desarrollados y en los sistemas semi parlamentarios y permitir una flexibilización pactada y de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en casos calificados de excepción y proyectos de urgente y necesario interés nacional que estén bien financiados.
Aprobada la iniciativa por acuerdo firme del Consejo de Gobierno y puesta formalmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa, mediante el voto calificado y público de dos tercios de los Diputados y con plazo de 30 días, se podría liberar legalmente a una institución o una empresa pública de las trabas funcionales, operativas y de gestión que paralizan la actual gestión pública.
Es una forma pragmática de mejorar el diálogo político al más alto nivel de representación, superar esa maraña legal que genera ingobernabilidad y alcanzar fuertes y necesarios Acuerdos Nacionales, modernizando la Constitución Política y avanzando, con soluciones concretas, hacia un sistema semi parlamentario y menos presidencialista, como el que requiere Costa Rica.
Ojalá avancemos en esta dirección. Seguir en lo mismo sería seguir hacia atrás.
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