Fernando Berrocal / abogado / periodista/
La ley es igual para todos y en ello se fundamenta el orden democrático y el Estado de Derecho en Costa Rica.
En la historia universal, esa es la mayor herencia de la Revolución Francesa y del liberalismo.
Igual para todos es para todos, sin excepción alguna, sean altos políticos como los Presidentes de la República, Ministros, Diputados o Alcaldes, o bien obispos y sacerdotes o pastores evangélicos, funcionarios públicos o empresarios privados, trabajadores o profesionales, ricos o pobres, hombres o mujeres.
El principio es absoluto y no debe haber excepciones para ninguna autoridad política superior, como las ha habido y esto hay que decirlo con firmeza y transparencia. Esa es una deuda pendiente de la Señora Fiscal General.
La razón es una y fundamental: todos somos ciudadanos iguales en obligaciones y en derechos y todos, sin excepción, estamos obligados a respetar y cumplir las leyes de la República y la Constitución Política. En eso se fundamenta el orden democrático y el Estado de Derecho. Sin excepciones.
Por eso no es de recibo la indignación y la protesta de la jerarquía de la Iglesia Católica por los allanamientos en sedes físicas de la Conferencia Episcopal.
Se puede hablar de la forma en que fueron efectuados esos allanamientos y ahí hay un margen de discrecionalidad, en que se puede hasta criticar que pudo no ser necesaria tanta fuerza policial, pero no por el fondo, por cuanto un Juez de la República, a solicitud expresa y formal del Ministerio Público, autorizó los allanamientos, por existir una investigación penal en marcha y por ser necesario, para el esclarecimiento objetivo de los hechos, secuestrar documentos en los archivos de la Iglesia Católica.
Esto no tiene nada que ver con nuestra fe. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo.
Igual para todos y sin excepciones, aunque excepciones ha habido y hasta ahora no se han abierto las investigaciones internas correspondientes en el propio Ministerio Público. Esa es la deuda pendiente. El ejemplo debe comenzar en la propia casa.
Con mucha indignación ciudadana, recuerdo que recientemente hubo ocho años oscuros en el Ministerio Público y que, en ese largo tiempo, la Fiscalía General de la República actuó en forma discrecional y subjetiva, dejando de investigar y de indagar en los términos de ley, discriminando subjetivamente en favor o en contra de altos funcionarios y facilitando la prescripción de ley, según de quien se tratara, incurriéndose así en el delito de grave incumplimiento de los deberes públicos. ¿O no es así?
Dos ejemplos de esos años: mientras a un capaz funcionario se acusó de prevaricato, a su superior en la Jerarquía del Estado ni siquiera se le indagó. O cuando, increíblemente, en un caso se estableció que una donación millonaria en dólares era pública y en otro que era privada, cuando el origen institucional externo era exactamente el mismo. Y… ¿Por qué razones?
Opino que fue por razones políticas y de poder. ¿O no es así?
