Vientres de alquiler: el deseo de ser padres convertido en industria

El País / Con información de Silvia Blanco, Clara Angela Brascia, Almudena Barragán y María Antonia Sánchez-Vallejo. Foto: Psico Network / Fines ilustrativos/

Pablo Porras, de 28 años, recuerda la reacción de rechazo de su marido, Marc, cuando le propuso que se convirtieran en padres recurriendo a un vientre de alquiler. Llegó a casa y desplegó sobre la mesa unos catálogos de opciones y destinos. “Los miró y me dijo que eso no iba a suceder”, recuerda.

Pero con los años, cambió de idea, así que tras descartar la adopción, ese fue exactamente el camino que tomaron, una alternativa prohibida en España: “Para mí era muy importante que tuviera mi carga genética”, explica Porras. En 2021, con el mundo todavía medio paralizado por las restricciones de la covid, la pareja voló a Ciudad de México para conocer a Norma Nathaly Hernández, la mujer de 34 años con la que firmaron un contrato para que ella se sometiera a un tratamiento hormonal, se quedara embarazada y diera a luz. El parto fue hace cinco meses. Ella recibió unos 15.000 euros y ellos tienen a su bebé en casa, en Barcelona.

Si todo esto ocurrió entre personas que no se conocían de antes y residentes a ambos lados del océano es porque existe toda una red de abogados, agencias, asesores y clínicas que opera en varios países y se dedica a conectar el deseo de ser padres de cientos de parejas o de personas solas con las circunstancias, a menudo de necesidad, de otras tantas mujeres que viven allá donde se permiten los vientres de alquiler.

La industria creada en torno a estos dos polos trabaja en una geografía cambiante, atravesando legislaciones y burocracias dispares. Sortea prohibiciones y escándalos y se adapta a todo tipo de dificultades, como la crisis sanitaria mundial que generó la covid, e incluso a una guerra, como sucede en Ucrania, que fue uno de los principales destinos para esta práctica antes de la invasión y donde ahora, con mucha menos actividad —conserva el 30% de los clientes, según New Hope, una de las empresas de referencia del sector—, continúa el negocio.

Cuando la portada de ¡Hola! de esta semana retrató a Ana Obregón, de 68 años, con un bebé en brazos saliendo de un hospital de Miami, el debate ético y político resucitó en España, donde se da la paradoja de que el Estado acaba reconociendo a los niños que nacen mediante esa práctica en el extranjero pese a rechazarla de plano.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 considera que la actividad “entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables”. El contrato que firmó Hernández en México con la pareja de barceloneses no vale nada en España, pero ese interés superior del menor es el que prevalece una vez que los niños llegan al país.

Hasta hace poco, México era un destino minoritario para los españoles que hacen un contrato de vientre de alquiler en el extranjero. Pero ahora ya hay varias agencias españolas —que ya no pueden hacer publicidad después de la reforma de la ley del aborto, aunque cobran por asesorar a los futuros padres— que trabajan con empresas del país norteamericano, que ofrece unas tarifas mucho más baratas que las de Estados Unidos, la referencia en todo el mundo para vientres de alquiler.

Es el que escogió Ana Obregón, y hacerlo allí es la opción más parecida a una garantía de no quedar atrapado con el bebé en un embrollo legal para lograr su documentación. En Estados Unidos, un juez establece la filiación del menor a través de una sentencia, y los españoles pueden registrar al recién nacido en el consulado. Es, también, el lugar más caro: el mínimo son unos 130.000 euros.

En México, en cambio, pueden ser unos 70.000. Ambos países ofrecen la posibilidad a todo tipo de parejas y orientaciones sexuales. “La mayoría de casos por gestación subrogada que tenemos registrados en México son de parejas homosexuales procedentes de Estados Unidos, España e Israel”, cuenta Isabel Fulda, vicedirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En Estados Unidos, las alrededor de 200 agencias de vientres de alquiler lo hacen bajo el paraguas de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM, en sus siglas en inglés), que establece unas líneas maestras, pero las normas sobre el perfil de las mujeres que se quedarán embarazadas, cuánto costará, el presupuesto o la edad de los futuros padres son fijadas por cada una de ellas.

Una de las más importantes, Growing Generations, con sede en el Estado de Virginia Occidental, dice recibir al año entre 15.000 y 20.000 solicitudes de mujeres dispuestas a gestar para terceros, de las que selecciona alrededor de un centenar. “Menos de un 2% de las candidatas resultan elegidas”, explica Jessica Junyent, vicepresidenta de Desarrollo Internacional de la agencia. “Desde 1996, cuando se creó, hemos traído al mundo a 2.126 bebés. Trabajamos con más de 60 países, aunque la mayoría de los padres son de Asia y Europa. De España llegan entre 15 y 20 al año”.

Las mujeres que se embarazan para otros en esta agencia de EE UU cobran un mínimo de 57.000 dólares (algo menos de 52.300 euros), aunque pueden llegar a los 100.000. A los futuros padres el proceso les cuesta entre 145.000 y 250.000 dólares, en función de que aporten material genético propio o deban recurrir a una ovodonación o a un banco de esperma. El bebé es entregado inmediatamente después del parto a la pareja o al individuo que vaya a hacerse cargo de él.

Las experiencias que relatan las mujeres que darán a luz a los bebés de otros son muy diferentes según en qué país vivan, con qué intermediarios se hayan cruzado y qué grado de vulnerabilidad tengan.

Ana, una mujer del Estado de México que prefiere no dar su nombre real por miedo a represalias, entró en un programa de vientres de alquiler con 21 años para tener el bebé de una pareja homosexual de EE UU. La motivación de esos dos hombres era claramente económica, puesto que esta práctica es legal en algunos Estados: buscaban la opción más barata.

Para Ana, lo que parecía un procedimiento sencillo se convirtió en un infierno: el tratamiento hormonal necesario para la prestación afectó a su salud, nunca recibió una copia de su contrato ni conoció a la pareja hasta el mismo día del parto, vivió violencia obstétrica y fue amenazada cuando no quiso entregar al niño. El pago fue de 150.000 pesos (unos 7.500 euros).

“Me arrepentí de entregar al bebé y pasaron de decirme que todo era perfectamente legal a amenazarme con meterme en la cárcel. Comercian con los cuerpos de las mujeres y se benefician económicamente de ello”, denuncia. Después de dar a luz, Ana acabó dando a aquellos hombres al niño. Pese al paso de los años, dice que todavía tiene pesadillas.

La mexicana Hernández explica que ha tenido tres embarazos en total y dice que le gustaría repetir la experiencia. Cuando se le pregunta qué siente por el bebé que parió, responde: “No le puedes transmitir amor como a un hijo porque sabes que no es tuyo, pero sabes que es un bebé deseado y esperado.

Sentí una gran responsabilidad de tenerlo”, asegura. También reconoce que si no existiera un pago de por medio, no hubiera gestado. “Ninguna mujer va a pasar por un proceso así si no hubiese una compensación de por medio, solo lo harías por alguien muy cercano”, dice.

Ella recibió de los barceloneses unos 15.200 euros divididos en 10 plazos conforme avanzaba el embarazo y previa firma de un contrato muy detallado. Este dinero, en realidad, solo representa un 16% de los 90.000 euros que pagaron en total los españoles Pablo y Marc.

Esa cantidad es 20.000 euros superior a lo que esperaban, porque se encontraron con trabas para obtener el pasaporte del niño. De hecho, se quedaron tres meses varados en México, y a día de hoy aún no han conseguido que se reconozca como español e hijo de ambos.

Aunque no hay una cifra exacta de cuántas agencias integran este negocio en México, se puede decir que está en auge. En 2018, la facturación de los vientres de alquiler fue de 6.000 millones de dólares (5.500 millones de euros), y un crecimiento anual del 24,5%, según Eleane Proo, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que cita cifras del Surrogacy Market Share Report 2025.

“En países como México, que es una economía emergente, la gestación subrogada viene muy bien al Estado”, indica Proo, contraria a la regulación. “Por eso hace la vista gorda, porque tiene que ver con más inversión y con más llegada de extranjeros”, apunta.

Un contrato para el embarazo

Durante nueve meses, la vida de estas mujeres está regida por las cláusulas de un contrato. Los futuros padres pagan el tratamiento hormonal, dietas, traslados, seguro de gastos médicos y medicamentos, entre otros. En uno firmado en México, la mujer se compromete a seguir un tratamiento hormonal, a no echarse atrás en el proceso y a no reclamar al bebé una vez nazca.

En otro contrato facilitado por una agencia española, se ve cómo el control al que se someten es considerable: tienen restringida la libertad de movimiento ―necesita autorización médica para volar en cualquier momento del embarazo― y no puede salir del país después de la semana 24 de gestación, por si hay un parto fuera de la jurisdicción en la que tiene validez el contrato.

Además, debe notificar a los futuros padres si acepta un nuevo empleo, si cambia de domicilio, y no puede tener relaciones sexuales cuando quiera (”esto puede incluir la abstinencia (…) durante largos periodos de tiempo”) ni con quien quiera (solo con una persona “examinada de enfermedades sexualmente transmisibles con resultado negativo”).

En caso de “pérdida orgánica” a consecuencia del embarazo, la mujer recibirá una compensación económica “por las molestias e incomodidades”. Y aquí la concreción se esfuma: “(…) cuyo monto se determinará (…) dependiendo de las circunstancias”.

Es difícil conocer la magnitud del fenómeno en el mundo, ya que en varios países donde es legal no hay registros. Tampoco se sabe con precisión cuántos españoles han recurrido a esta práctica en el extranjero.

La única referencia oficial es la que ofrecen los registros civiles de los consulados de España en el extranjero. “Entre 2010 y 2021 se registraron un total de 3.273 bebés nacidos en el contexto de contratos impulsados por ciudadanos españoles”, explica Ana Trejo Pulido en su libro En el nombre del padre, recién publicado. De estos, casi la mitad proceden de Estados Unidos (1.441), seguidos por Ucrania (1.294), India (194), Canadá (110) y México (59).

La cifra es incompleta, puesto que también puede haber niños que sean inscritos una vez están en España, donde las familias también pueden iniciar un juicio de filiación o adopción. Y el desfase es enorme si se compara con los cálculos que hacen las agencias que operan en España o la principal asociación de padres que recurren a esta práctica, Son Nuestros Hijos.

“Ese dato es falso”, afirma Eduardo Chaperón, uno de los portavoces de la organización que agrupa a unas 800 familias. “Hay muchísimas que no llevan a cabo el proceso en los consulados”, explica, y agrega que rondarán los mil niños al año nacidos por esta vía. Hasta que logren la regularización, los niños tendrán la nacionalidad que conste en el pasaporte con el que llegaron a España desde el país en el que nacieron. Al ser extranjeros a ojos del Estado, tienen que sortear trabas burocráticas para servicios básicos durante ese tiempo.

El sector de los vientres de alquiler en España se ha ido transformando en los últimos años. La actividad de las agencias ha ido recortándose al estar en el punto de mira de las autoridades y ahora solo pueden asesorar y cobran por esa información.

Cosa muy distinta sucede en los países donde se lleva a cabo el proceso, como en EE UU, donde es la agencia “la que orquesta todo: el médico, enfermeras, psicólogos, la compañía aseguradora y el abogado para establecer los términos del contrato, así como el proceso legal de filiación”, afirma Junyent, responsable de la parte internacional de una de estas empresas. “Nuestras candidatas no se guían solo por el dinero, porque no aceptamos mujeres sin recursos”, asegura.

En esta última idea insiste Chaperón, cuyo hijo nació en Los Ángeles. Defiende la regulación, la creación de un registro para poner números a esta situación y que esta práctica se haga siempre “en condiciones de igualdad”. “¿Yo tengo una situación de igualdad con la mujer que ha gestado a mi hijo? Sí. Para empezar, porque gana más que yo, y para seguir, porque vive en una casa que es mejor que la mía”, afirma. Chaperón aboga por la labor informativa de la asociación, que se nutre de la experiencia de los propios padres, para evitar intermediarios (básicamente, agencias) “que dañan la imagen” de estas familias.

Antes de empezar a hablar para este reportaje, Chaperón deja claro su rechazo al término vientres de alquiler, algo que trasmiten también el resto de entrevistados involucrados en esta práctica, en España y en otros países: “Puedes estar a favor o en contra, pero es un lenguaje peyorativo, dañino, que ofende”.

El término vientre de alquiler, sin embargo, es el elegido como correcto por EL PAÍS, ya que “muestra la verdadera carga social del fenómeno, en lugar de los eufemismos ‘maternidad subrogada’ o ‘gestación subrogada”, según recoge el Libro de Estilo de la Redacción.