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Costa Rica: Diputados piden investigar compras irregulares de mascarillas en el gobierno anterior

Esta puede ser la investigaci贸n m谩s escandalosa de la pandemia.

R贸ger Murillo-periodicomaranata.com/

Esta semana 53 legisladores votaron a favor para que el Ministerio P煤blico accione con prontitud, respecto a los resultados del informe de la Comisi贸n Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto P煤blico, del periodo anterior, que investig贸 los procesos realizados con las compras y contrataciones realizadas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) durante la pandemia.

El tema gira sobre las responsabilidades penales en las compras irregulares de mascarillas, donde seg煤n el informe se le solicita a la Contralor铆a General de la Rep煤blica (CGR), abrir procedimientos administrativos a proveedores sin experiencia a quienes se les pagaron sumas millonarias a cambio de servicios incompletos, mascarillas que nunca llegaron o en su defecto que no eran las adecuadas por cuanto no cumpl铆an con las especificaciones t茅cnicas por ser de uso no m茅dico y que al final terminaron en bodegas.

El debate realizado este mi茅rcoles al aprobar este informe, dej贸 entrever palabras muy fuertes para los funcionarios de la CCSS y los proveedores, mencionando ep铆tetos como: corrupci贸n, mafiosos, estafa, verg眉enza, traidores, etc.

Llegando a la conclusi贸n por parte de algunos diputados de diferentes bancadas, de que esta podr铆a ser la investigaci贸n m谩s escandalosa del tiempo de pandemia.

Parte del informe dice, que el Comit茅 de Implementos M茅dicos y Quir煤rgicos no realiz贸 las pruebas de calidad a las mascarillas antes de ser distribuidas a los hospitales y cl铆nicas, eliminando a la vez el requisito de contar con un registro sanitario para la venta de insumos m茅dicos en productos como guantes y cubre bocas.

Adem谩s, se denunci贸 que hubo excepciones en los contratos, ingresando ofertas y proformas a entidades o personas que no cumpl铆an con los requisitos esenciales, donde los convenios millonarios no ten铆an un sistema de control interno.

Por ejemplo, la primera adjudicaci贸n de marzo del 2020, se le hace a una persona que nunca present贸 la muestra f铆sica de su producto.

Ella al final solo entreg贸 una parte de lo ofertado y luego se dieron cuenta que el producto no calificaba para uso m茅dico. El dinero de los 570.000 respiradores comprados no se pudo recuperar.

El segundo convenio es con una empresa que tampoco present贸 muestras de lo que ofrec铆a, la cual despu茅s de varios atrasos, entreg贸 mascarillas no aptas para m茅dicos, por lo cual al final tuvo que importarlas para resolver el asunto.

El tercer contrato fue en mayo del 2020 por 7 millones de mascarillas, que extra帽amente se le vuelve a adjudicar a la persona que calific贸 para el primer contrato, a sabiendas de que hab铆a fallado.

Otra vez les qued贸 mal, entreg贸 un pedido incompleto y de uso no m茅dico, con la diferencia que en esta ocasi贸n ya no eran 570.000 sino 7 millones de mascarillas.

La cuarta contrataci贸n fue por 2 millones de mascarillas, que se le otorg贸 coincidentemente a una persona ligada a una empresa que ya hab铆a ganado otra licitaci贸n de mascarillas y que hab铆a quedado mal. El resultado de nuevo fue incumplimiento en el contrato administrativo.

La 煤ltima adjudicaci贸n fue por 88 millones de colones en mascarillas m茅dicas desechables, a una empresa dedicada a la chatarra, la cual se inscribi贸 apenas dos antes de que venciera el tiempo de licitaci贸n.

Este contrato se dio en tan solo 48 horas, por medio de una compra directa, donde seg煤n el expediente no hubo m谩s oferentes.

Fue un caso extra帽o, porque nadie cuestion贸 en la CCSS el hecho de c贸mo una empresa dedicada a metales de pronto ofrec铆a mascarillas, sin tener la menor experiencia en el asunto.

Al final las mascarillas llegaron desde China, pero no fueron las adecuadas por cuanto no era descartables sino KN95, lo cual no coincid铆a con la compra solicitada.

Adem谩s, parte de las cajas entregadas ven铆an en mal estado, por lo cual la instituci贸n las devolvi贸 al oferente. Esto llev贸 a la CCSS a abrir un procedimiento administrativo en contra de la empresa.

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