Por Andrea Orozco / Prensa Libre / Guatemala/
Mientras el mandatario asegura que se trata de una solicitud constitucional, los legisladores denuncian una intromisión y violación a la separación de poderes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y su consejo de ministros convocaron a los diputados para una sesión extraordinaria mañana, 9 de febrero, en donde puedan aprobar un préstamo por US$109 millones – unos Q833. 3 millones- que servirán para poner en marcha la tercera parte de un plan contra las pandillas.
Según el Ejecutivo, la convocatoria se basó en el artículo 167, ordinal 7o. de la Constitución salvadoreña, que indica que el consejo de ministros está habilitado a “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
Los diputados, en especial los del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aseguran que no acudirán a la sesión y que la medida se asemeja a un golpe de Estado, pues no se respeta la independencia de poderes.
También el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, y la Cámara de Comercio Americana, solicitaron a Bukele desistir de la convocatoria.
Según el instituto, la aprobación de dicho préstamo no cumple con los requisitos que requiere el uso del artículo 167 constitucional.
Debido al rechazo de los diputados, Bukele ordenó retirar seguridad a los congresistas y además convocó a una manifestación mañana, frente a la sede de la Asamblea Legislativa, para que la población haga uso del artículo 87 de la Constitución, que le da facultades al pueblo para la insurrección.
“Para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”, señala dicho artículo.
Hasta las 16.00 horas de este sábado, afuera del Congreso salvadoreño se colocaban tarimas y en redes sociales comenzó a viralizarse el #87Ya como un llamado a exigir a los diputados que asistan a la sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo.
