Reforma política

Lic. Fernando Berrocal / Abogado y periodista / Foto: Pares/ Fines ilustrativos/

En dos columnas anteriores analicé y propuse soluciones en dos temas que profesionalmente conozco bien: “reforma judicial” y “reforma policial”.

Los temas urgentes del día, sin embargo, son el coronavirus, la reactivación económica y, sobre todo, las fundamentales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahí debemos concentrarnos como país.

Pero a propósito de la pronta inauguración del nuevo edificio legislativo y ante la necesidad patriótica de democratizar aún más nuestra democracia, no debemos olvidar y mantener, en la agenda nacional, la reforma política:

1.- Sustituir el actual sistema de elección de Diputados que no refleja más y correctamente la voluntad y la representación popular, por un sistema mucho más democrático de listas nacionales y Distritos Electorales, de modo que la ciudadanía esté mucho mejor representada en la Asamblea Legislativa.

2.- Evolucionar hacia un sistema menos presidencialista y más parlamentario, en que instituciones como la rendición de cuentas y la censura política calificada en la Asamblea Legislativa, impliquen la pérdida del cargo de un ministro, presidente ejecutivo o alto funcionario por faltas graves, en un sistema más transparente y efectivo de pesos y contrapesos.

3.- Redefinir, constitucionalmente, de forma más flexible y funcional, la independencia, coordinación y relación necesaria entre los tres Poderes del Estado, elevando a cuarto poder al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), reformulando, a la vez, el concepto de autonomía y descentralización administrativa, adaptándolos a los nuevos paradigmas del siglo XXI.

Contra todos los pronósticos de los autoritarios de derecha y los marxistas de izquierda, vivimos en el siglo de la libertad y la voluntad popular.

En el presente la realidad política y social está íntimamente vinculada a la revolución tecnológica de las comunicaciones y a las legítimas exigencias de transparencia política y ética en quienes depositamos los poderes del Estado, rendición de cuentas y libertad de prensa, en una sociedad participativa de activos ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones legales.

A esas exigencias debe adaptarse el estado moderno y el modelo de desarrollo.

Vivimos en un mundo en el que toda la información disponible está en un pequeño teléfono inteligente y en que nadie engaña a nadie, por más campañas de desinformación que se intenten desde algún medio de prensa.

En nuestro país existen y lo vemos todos los días, poderosos intereses económicos y “autoridades políticas superiores” que, en esta nueva sociedad libre de las comunicaciones, la información y la participación ciudadana, se niegan a aceptar que el poder real está en la gente y en la voluntad popular y no en esas élites desacreditadas que quieren seguir mangoneando al gobierno.

La solución es más y mejor democracia con libertad, ética y transparencia política. Ese será el debate que debemos resolver en las elecciones del 2022.

Pero ahora, como país y no solo como gobierno, centrémonos en las inmediatas y difíciles negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en luchar por mantener vigente nuestro Estado Social de Derecho.