Costa Rica: Diputados piden investigar compras irregulares de mascarillas en el gobierno anterior
Esta puede ser la investigación más escandalosa de la pandemia.
Róger Murillo-periodicomaranata.com/
Esta semana 53 legisladores votaron a favor para que el Ministerio Público accione con prontitud, respecto a los resultados del informe de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público, del periodo anterior, que investigó los procesos realizados con las compras y contrataciones realizadas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) durante la pandemia.
El tema gira sobre las responsabilidades penales en las compras irregulares de mascarillas, donde según el informe se le solicita a la Contraloría General de la República (CGR), abrir procedimientos administrativos a proveedores sin experiencia a quienes se les pagaron sumas millonarias a cambio de servicios incompletos, mascarillas que nunca llegaron o en su defecto que no eran las adecuadas por cuanto no cumplían con las especificaciones técnicas por ser de uso no médico y que al final terminaron en bodegas.
El debate realizado este miércoles al aprobar este informe, dejó entrever palabras muy fuertes para los funcionarios de la CCSS y los proveedores, mencionando epítetos como: corrupción, mafiosos, estafa, vergüenza, traidores, etc.
Llegando a la conclusión por parte de algunos diputados de diferentes bancadas, de que esta podría ser la investigación más escandalosa del tiempo de pandemia.
Parte del informe dice, que el Comité de Implementos Médicos y Quirúrgicos no realizó las pruebas de calidad a las mascarillas antes de ser distribuidas a los hospitales y clínicas, eliminando a la vez el requisito de contar con un registro sanitario para la venta de insumos médicos en productos como guantes y cubre bocas.
Además, se denunció que hubo excepciones en los contratos, ingresando ofertas y proformas a entidades o personas que no cumplían con los requisitos esenciales, donde los convenios millonarios no tenían un sistema de control interno.
Por ejemplo, la primera adjudicación de marzo del 2020, se le hace a una persona que nunca presentó la muestra física de su producto.
Ella al final solo entregó una parte de lo ofertado y luego se dieron cuenta que el producto no calificaba para uso médico. El dinero de los 570.000 respiradores comprados no se pudo recuperar.
El segundo convenio es con una empresa que tampoco presentó muestras de lo que ofrecía, la cual después de varios atrasos, entregó mascarillas no aptas para médicos, por lo cual al final tuvo que importarlas para resolver el asunto.
El tercer contrato fue en mayo del 2020 por 7 millones de mascarillas, que extrañamente se le vuelve a adjudicar a la persona que calificó para el primer contrato, a sabiendas de que había fallado.
Otra vez les quedó mal, entregó un pedido incompleto y de uso no médico, con la diferencia que en esta ocasión ya no eran 570.000 sino 7 millones de mascarillas.
La cuarta contratación fue por 2 millones de mascarillas, que se le otorgó coincidentemente a una persona ligada a una empresa que ya había ganado otra licitación de mascarillas y que había quedado mal. El resultado de nuevo fue incumplimiento en el contrato administrativo.
La última adjudicación fue por 88 millones de colones en mascarillas médicas desechables, a una empresa dedicada a la chatarra, la cual se inscribió apenas dos antes de que venciera el tiempo de licitación.
Este contrato se dio en tan solo 48 horas, por medio de una compra directa, donde según el expediente no hubo más oferentes.
Fue un caso extraño, porque nadie cuestionó en la CCSS el hecho de cómo una empresa dedicada a metales de pronto ofrecía mascarillas, sin tener la menor experiencia en el asunto.
Al final las mascarillas llegaron desde China, pero no fueron las adecuadas por cuanto no era descartables sino KN95, lo cual no coincidía con la compra solicitada.
Además, parte de las cajas entregadas venían en mal estado, por lo cual la institución las devolvió al oferente. Esto llevó a la CCSS a abrir un procedimiento administrativo en contra de la empresa.
