CBN News / Foto: David Mcnew / La Opinión /
Alabama se ha convertido en el último estado en proteger a los niños pequeños de los efectos irreversibles de los medicamentos para cambiar de sexo y las cirugías de transición de género.
Los legisladores del estado aprobaron el jueves 66 votos a 29 la legislación que convierte en delito la prescripción de bloqueadores de la pubertad u hormonas para ayudar a la transición de género de cualquier persona menor de 19 años. Si son declarados culpables, los infractores podrían ser condenados a hasta 10 años de prisión.
El proyecto de ley también prohibiría las cirugías de transición de género en el Estado de Yellowhammer.
Los legisladores aprobaron otra legislación relacionada con los baños de las escuelas públicas y las discusiones sobre el género y la identidad sexual en los primeros grados.
Los senadores del estado de Alabama votaron 26 a 5 para aprobar la legislación que obliga a los estudiantes de K-12 a utilizar únicamente los baños y vestuarios para varias personas que se correspondan con el género que figura en su certificado de nacimiento original, en lugar de su identidad de género actual. El proyecto de ley también requeriría que los consejeros escolares, las enfermeras y otros informen a los padres si un niño revela que cree que es transgénero.
Los republicanos del Senado también añadieron un lenguaje similar al de la ley de «Derechos de los padres en la educación» de Florida, que los medios de comunicación sesgados y los opositores etiquetaron falsamente como la ley «No digas gay».
La medida «prohibiría la instrucción o la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género» para los estudiantes desde el jardín de infancia hasta el quinto grado.
«Los niños desde el jardín de infancia hasta el quinto grado no deben ser introducidos a la orientación sexual y la identidad de género, y si lo son debe venir de sus padres», dijo el representante estatal Scott Stadthagen (R- Hartselle).
Stadthagen dijo que introdujo el proyecto de ley de baño después de escuchar que las escuelas fueron amenazadas con demandas cuando ofrecieron dejar que los estudiantes usaran los baños de la facultad.
Ambos proyectos de ley pasan ahora a la consideración de la gobernadora republicana Kay Ivey. Ivey, que se presenta a la reelección, no ha indicado si firmará las medidas. Una portavoz de Ivey dijo que la oficina del gobernador está revisando la legislación.
«Se trata de proteger a estos menores. No se trata de los adultos. Sus mentes no están completamente desarrolladas para tomar estas decisiones sobre estos medicamentos y cirugías», dijo el representante estatal Wes Allen (R-Troy), patrocinador de la versión de la Cámara del proyecto de ley.
Comparó la legislación con las leyes que no permiten a los niños beber, fumar o hacerse tatuajes hasta que son adultos. El representante estatal Chris England (demócrata, distrito 70), que es presidente del Partido Demócrata de Alabama, no está de acuerdo, y dice que la medida se dirige a los niños vulnerables y les dice que no son bienvenidos en Alabama. «Están diciendo que esto es sobre los niños. No lo es. De lo que se trata es de ganar puntos políticos», dijo England.
Arkansas aprobó una ley similar en 2021, pero fue suspendida por los tribunales. Los grupos de defensa en Alabama han prometido impugnar rápidamente la medida si Ivey la convierte en ley.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el jueves que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha advertido a los estados que tales leyes y políticas pueden violar la Constitución y la ley federal.
El asunto ya está en los tribunales. Como informó CBN News, el pasado mes de agosto, un tribunal federal de Texas bloqueó el controvertido Mandato Transgénero de Biden, que obligaría a los médicos y hospitales religiosos a realizar procedimientos de transición de género a sus pacientes, incluidos los niños.
El caso de Franciscan Alliance v. Becerra fue presentado por un hospital religioso, una asociación de más de 20.000 profesionales de la salud y nueve estados, y es ahora el segundo tribunal que bloquea la aplicación de la política por parte de la administración.
