Proyecto sobre personas trans incluye tratamiento hormonal en infantes y adolescentes

Róger Murillo-periodicomaranata.com / Foto: La Vanguardia / Fines ilustrativos /

El 22 de junio el Frente Amplio con la colaboración de dos diputadas de Liberación Nacional, presentó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el proyecto 23.809 que lleva por nombre Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex, que entre muchos aspectos intenta que los niños y jóvenes tengan acceso a bloqueadores hormonales «conforme el principio de autonomía de los menores de edad».

Según la diputada Priscilla Vindas quien presentó la propuesta «este proyecto de ley lo que viene a buscar es el reconocimiento de aquellas poblaciones que han sido invisibilizadas por muchísimos años y con las cuales el Estado tiene una fuerte deuda».

Hay que recordar que en la actualidad la legislación costarricense solo reconoce los géneros femenino y masculino, aunque después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó el derecho de las personas trans a cambiar de nombre de acuerdo a la identidad de género con que se perciben.

El plan busca que el Estado garantice a la población LGTBIQ+,  (Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual, Interesexual, Queer y otros) ese  acceso a la educación y a puestos de elección popular, rectificación de sexo, salud, prohibiciones de intervenciones médicas sin consentimiento, cambio registral, vivienda, mecanismos de protección para menores de edad, derecho a bloqueadores hormonales en todas las edades y empleo.

El texto base presentado responsabiliza al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a impulsar políticas públicas para proteger a los menores de edad que sufren violencia por discriminación de género, ayuda sicológica y creación de albergues, algo que también involucraría a los municipios.

E inclusive dicha iniciativa al impulsar la educación de estos grupos, afirma que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) debe destinar al menos el 3 % de los cupos para estas personas.

Según el proyecto que apenas está en la Comisión de Derechos Humanos y debe pasar un largo proceso de discusión, el Ministerio de Trabajo debe brindar información a las personas trans sobre asuntos de empleo, al tiempo que las instituciones públicas tendrían que reservar el 3 % de sus vacantes para los LGTBIQ+.

Y como si lo anterior fuera poco, prohíbe a cualquier profesional médico a realizar intervenciones sin consentimiento, responsabilizando al Ministerio de Salud de las políticas públicas, las cuales deben incluir acceso sin restricción a servicios y medicamentos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no salió libre del proyecto, por cuanto debe garantizar además de medicamentos, las intervenciones médicas de afirmación de identidad, las cuales «reducen las tasas de suicidio», según afirman.

Esto involucra los tratamientos de terapia de reemplazo hormonal, donde se cambian los niveles de hormonas para masculinizar o feminizar un cuerpo.

Lo anterior incluye, como ya se dijo, los bloqueadores hormonales que son tratamientos reversibles para poner en pausa los cambios en la pubertad y así «contribuir con la salud mental de los muchachos», afirma el proyecto.