Gobierno orteguista persigue y acusa a ciudadanos de Nicaragua

Fuente: Martha Vásquez Larios / Elizabeth Romero / La Prensa/ Nicaragua/ Foto: Roberto Fonseca/

El terror y la inseguridad imperan en los pueblos donde paramilitares fuertemente armadosejecutan secuestros y persecuciones coordinadas con la Policía.

Las víctimas son personas que han participado o colaborado de alguna forma en las protestas sociales contra el régimen sangriento de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo Zambrana.

Mientras, en Managua mujeres se siguen sumando frente a la cárcel El Chipote con la esperanza de tener información sobre sus hijos, esposos y hermanos detenidos.

El sometimiento no termina ahí, pues otro grupo de madres se aposta en el Complejo Judicial Central de Managua en espera que sus familiares sean acusados por el Ministerio Público, quien se ha encargado de organizar acusaciones contra los manifestantes, como una forma de criminalizar la protesta ciudadana, ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe. Como una muestra de estas acusaciones infundadas, la Fiscalía presentó este lunes causa contra Héctor Alberto Arellano Pérez, acusado de financiamiento al terrorismo, porque supuestamente dio a confeccionar chalecos antibalas artesanales y se los entregó a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

Su defensa, Elton Ortega, manifestó que la acusación no reunía los requisitos, pues no especifica días, horas, lugares donde presuntamente se dieron los hechos. Además hablan de “colaboradores secretos de información”, lo que indica que la presunta prueba es ilegal.

Sin embargo, la acusación fue admitida y programaron audiencia inicial para el 27 de julio.

Redadas en departamentos

Mientras ciudadanos enfrentan procesos judiciales ilegales, otros están en zozobra por las redadas de fuerzas paramilitares.

Por ejemplo, en Diriá, luego que paramilitares y antimotines derribaron tres tranques el domingo 15 de julio, emprendieron una cacería contra la población civil que apoyó las diversas manifestaciones de protesta desde el 18 de abril.

“Andan rondando las calles disparando al aire para causar terror en el pueblo y luego entran a casas previamente ‘seleccionadas’ a secuestrar a los varones y no se sabe de su paradero”, denunciaron pobladores.

Previo al secuestro muchas casas fueron severamente dañadas y saqueadas y otras objeto de ráfagas en sus paredes.
Entre las personas secuestradas en Diriá están: Ninfa Sándigo, Orfa Mena, Henry Selva, Henry Selva (hijo es adolescente), Noé Morales González, Noé Morales (hijo es adolescente), Brenda Muñoz, Rogerio Adrián Ortega Franco (residente americano), entre otros.

Mientras, en Granada, la familia de los hermanos Oscar Enrique y David Aburto Marenco denunció que Oscar fue sacado de su casa en el barrio Arroyo Carita por los paramilitares y cuando su hermano David les preguntó dónde se lo llevaban también a él lo montaron en una camioneta y se los llevaron.

Los jóvenes Roberto Zambrana, Roger Martínez y otros identificados como Eduardo y Sammy también fueron sacados de sus casas con violencia por los grupos armados.

En Teustepe-Boaco, la Policía capturó a cuatro de los manifestantes que permanecían en el tranque del empalme de esa ciudad.

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En las zonas rurales y urbanas de varios municipios, incluyendo las cabeceras de los departamentos de Nueva Segovia y Madriz, se ve a numerosos grupos de paramilitares fuertemente armados con fusiles de guerra custodiando casas de alcaldes orteguistas, alcaldías, casas zonales sandinistas (FSLN) o recorriendo a pie, en camioneta o motocicleta comunidades y barrios.

En Managua, Enmanuel Fullerton Martínez, de 21 años, estudiante de Diseño en la Universidad Centroamericana (UCA), de forma sorpresiva fue arrestado en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en los alrededores de dicha universidad. Este lunes Fullerton cumplió 48 horas de arresto ilegal.

Él es un joven con déficit de atención con hiperactividad y según le ha explicado su médico a su madre, “él no puede estar encerrado, porque ellos padecen de muchos tips nerviosos, ansiedad, depresión”, sostuvo su progenitora Eliut Martínez.

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Historias similares son relatadas casi a diario en el país, mientras las familias permanecen frente al portón de las celdas de El Chipote o recorren las organizaciones de derechos humanos.

Carolina Sánchez llegó a la CPDH en busca de apoyo para sus dos hermanas Yolanda y Patricia Sánchez, de 29 y 33 años, respectivamente.

Ambas fueron arrestadas en el sector del Rigoberto López, fueron secuestradas por paramilitares y policías.

Instituciones coludidas

Las instituciones penales en Nicaragua una vez más están coludidas para someter al pueblo que critica al Gobierno. La Policía junto con paramilitares, Fiscalía y sistema de justicia penal se encargan de la cacería, tortura y sometimiento judicial contra manifestantes y colaboradores de las protestas en todo Nicaragua, expresó el abogado penalista Elton Ortega.

Luego, viene el calvario de saber el paradero del familiar que se llevaron porque no dan información a los afectados, violando derechos humanos y constitucionales tanto del detenido como de sus familiares, explicó la abogada Yonarqui Martínez, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

69 nuevas detenciones ilegales registraron organismos de derechos humanos entre el domingo 15 y lunes 16 de julio en los Pueblos Blancos, Granada y Managua.