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Conferencia sobre libertad de creencias une a decenas de líderes religiosos en Costa Rica

Edwin Arguedas-periodista parlamentario/

Diversos líderes religiosos se reunieron esta mañana en la Asamblea Legislativa para demostrar que las diferencias doctrinales o de pensamiento no impiden las buenas relaciones y que son muchos los puntos de convergencia.

 Todos asistieron a la “Conferencia sobre libertad de creencias y derechos humanos” que convocó el diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, con el apoyo de la universidad estadounidense Brigham Young y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

 Durante la cita, se conversó sobre la importancia de la libertad religiosa y de asociación como un derecho humano y de respetar todas las creencias en un ambiente de paz y tolerancia. También se hizo alusión al proyecto de ley 21.012, “Ley para la libertad religiosa y de culto”, que se discute en el Congreso.

 El exmandatario Miguel Ángel Rodríguez abrió la sesión y confirmó que la vida y la libertad son la base fundamental de los derechos humanos. Sus palabras fueron secundadas por Hossam Saaid, representante del Centro Cultural Musulmán, para quien el proyecto de libertad religiosa que se discute en el Congreso “no es algo complementario, sino esencial”.

Gary B. Doxey, Director del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la universidad, aseguró que en el derecho internacional la libertad religiosa se considera inderogable y fundamental. Denise Lindberg abogada y miembro del Consorcio, dijo que no podemos vernos como tribus aisladas sino trabajar juntos para tener la posibilidad de vivir de acuerdo con nuestras creencias.

Una buena cantidad de personas, estuvieron este viernes en esta actividad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

 El diputado Jonathan Prendas cerró la conferencia. En su mensaje, comentó que la libertad religiosa es una característica de los costarricenses que vale la pena resguardar y tutelar.

Agregó que el proyecto 21.012 busca desarrollar un marco legal para la operación efectiva de las organizaciones religiosas y reconocer tanto a creyentes como a no creyentes en sus derechos individuales, así como a las iglesias en sus derechos colectivos, en congruencia con el ordenamiento jurídico. 

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