Italia: Proyecto de ley propone 1000 euros al mes para madres que decidan no abortar
La idea es brindar mejores alternativas a madres en situaciones económicas vulnerables.
Protestante Digital / Joel Forster
El proyecto de ley tiene como objetivo brindar mejores alternativas a las madres en situaciones económicas frágiles. En Italia, los evangélicos lo acogen con agrado como una forma de cumplir con la ley de 1978.
La mayoría conservadora de Italia está tratando de hacer de la lucha por más nacimientos, una cuestión política central.
La primera ministra Georgia Meloni (de Fratelli d’Italia) fue noticia en junio cuando logró excluir el aborto de la declaración final de la cumbre del G7, a pesar de las reticencias de países como Canadá y Francia, que han hecho de la interrupción voluntaria del embarazo un asunto intocable.
En el país mediterráneo el aborto está regulado a través de la Ley 194 de 1978, que da libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los primeros 90 días de gestación.
Aunque la dirigente italiana ha dicho que no tiene previsto cambiar la ley, también ha subrayado como prioridad la «prevención del aborto». Desde abril, los grupos provida pueden compartir sus puntos de vista en los centros de salud.
Ayuda financiera durante los primeros 5 años
Ahora, el líder en el Senado de Forza Italia (un partido menor en la coalición de gobierno de Meloni) quiere probar otra iniciativa provida.
Maurizio Gasparri presentó la idea de apoyar a las mujeres que decidan no interrumpir su embarazo, con 1.000 euros al mes durante los primeros 5 años de vida del niño.
El «Proyecto de Ley de Renta de Maternidad» sólo se aplicaría a las mujeres que ganen menos de 15.000 euros al año.
El objetivo, dijo Gasparri, es desarrollar el artículo 5 de la ley italiana sobre el aborto, que establece: «[…] Cuando la solicitud de interrupción del embarazo esté motivada por el impacto de circunstancias económicas, sociales o familiares sobre la salud de la mujer embarazada, para examinar posibles soluciones a los problemas en consulta con la mujer».
Gasparri esperaba que este proyecto de ley cueste unos 600 millones de euros al año, pero defendió que otras ayudas y subvenciones públicas como las dedicadas a la compra de coches eléctricos, también tienen grandes presupuestos y acaban teniendo menos impacto en la vida humana.
Miembros de partidos proaborto en Italia describieron la propuesta como «propaganda utilizando los cuerpos de las mujeres». Criticaron la iniciativa como un esfuerzo por restringir el acceso de las mujeres al aborto.
El senador se mostró abierto a mejorar el texto para su aprobación.
“Los expertos deben acompañar a las mujeres y ayudar a eliminar obstáculos”
«En los últimos años, las fuerzas progresistas han luchado para que los centros de consulta sean lugares donde las mujeres puedan acudir a abortar sin interferencias», dijo Chiara Lamberti a Evangelical Focus. «Existe una tendencia, basada en el modelo francés, a considerar el aborto como un derecho inalienable», aseveró.
Lambierti trabaja en el equipo de prensa de la Alianza Evangélica Italiana y escribe para varias revistas cristianas.
La Ley 194 de Italia dice que “el aborto no debe utilizarse como medio anticonceptivo”, subraya, y que deben garantizarse «servicios de protección de la maternidad y el embarazo».
En este sentido, prosigue, los centros públicos de asesoramiento deberían «acompañar a las mujeres» y «hay que recurrir a expertos para encontrar soluciones» a «todos los obstáculos económicos y sociales que llevan a las madres a recurrir al aborto».
La ley que el senador Gasparri pone sobre la mesa del Senado, afirma Lamberti, «es una propuesta para poner en práctica el principio de que se debe ayudar a las mujeres a llevar a término el embarazo y a afrontar la maternidad, incluso si existen obstáculos económicos».
«Es un paso que va más allá de la idea de que el aborto es un derecho que solo implica a la mujer y a su cuerpo», concluye.
