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Beijing: aumenta el control del Partido Comunista sobre el financiamiento de las agrupaciones religiosas

Asia News /

Las nuevas leyes entrarán en vigor el 1 de junio. La supervisión de la economía de los sitios religiosos pasa a manos del Frente Unido y del Ministerio de Finanzas. También regula la administración de las ofrendas. Un nuevo instrumento de control para promover la «sinización» de la religión.

El Partido Comunista Chino ha endurecido el control sobre el financiamiento de las agrupaciones religiosas. A partir del 1 de junio entrarán en vigor las «Medidas para la gestión financiera de los sitios religiosos», que publicaron en los últimos días el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China, entidad gubernamental bajo el control del Frente Unido del PCCh.

Las nuevas reglas se proponen organizar adecuadamente la economía y el registro de ingresos, donaciones (provenientes del interior del país y del exterior) y gastos. Fuentes católicas confiaron a AsiaNews que tal vez las autoridades quieren detener los abusos. Es curiosa la disposición de que deben estar presentes tres personas cuando se abre la caja de las ofrendas, cuyo contenido debe registrarse inmediatamente.

De hecho, la adopción de las reglas impone una forma adicional de control del gobierno (traducción: del Partido) sobre las actividades religiosas. La supervisión de la economía de los lugares religiosos pasa a manos del Frente Unido y del Ministerio de Finanzas. Se puede consultar al personal religioso, los fieles o los donantes, pero en segunda instancia. Esto significa que los lugares de culto y sus finanzas «solo» se pueden usar según las instrucciones del PCCh, y no de acuerdo con la misión de la comunidad local o del obispo.

Muchas veces, las iglesias católicas oficiales prestan aulas y capillas a grupos clandestinos (no reconocidos por las autoridades, pero sí por el Vaticano). Ahora esto será imposible porque va en contra de la ley y de las nuevas medidas. Lo mismo ocurre con el uso del dinero.

El problema de la diócesis de Xuanhua (Hebei), con la continua persecución del obispo Agostino Cui Tai, es probable que se deba precisamente a cuestiones económicas: en la comunidad clandestina hay propiedades de la Iglesia que están registradas a nombre de personas (el obispo ); y después se pasan en herencia a otras. Las nuevas reglas hacen que esto sea ilegal.

Con las medidas que se acaban de aprobar, básicamente los grupos religiosos quedan asimilados a las ONG, que están todas sujetas al gobierno (por lo tanto, no son en absoluto «no gubernamentales») en lo que respecta a sus presupuestos y la forma en que se utilizan los recursos.

La nueva ley no carece de falsedades. El artículo 6 establece que «la propiedad y las rentas de los sitios de interés religioso están protegidos por la ley» y no pueden ser vulnerados por organizaciones o ciudadanos particulares. En realidad, la Iglesia Católica – oficial y extraoficial – tenía propiedades que las autoridades incautaron durante la Revolución Cultural. El gobierno nunca las devolvió aunque por ley debería haberlo hecho. El estudioso Anthony Lam explicaba en 2005 que estos activos tienen un valor de miles de millones de euros.

El control financiero de los grupos religiosos refuerza la «sinización» de la religión que se propone hacer el régimen, proceso que comenzó oficialmente en 2015. Desde el 1 de marzo están vigentes las «Medidas administrativas para los servicios de información religiosa en internet«, lo que significa que ya no es posible realizar actividades religiosas por internet en China sin obtener previamente la autorización del gobierno.

En febrero, la Administración Estatal de Asuntos Religiosos hizo públicas las «Medidas administrativas para el personal religioso«, un documento sobre la gestión del clero, monjes, sacerdotes, obispos, etc. En febrero de 2018, el Partido había adoptado el «Nuevo reglamento para las actividades religiosas«, según el cual el personal religioso solo puede desempeñar sus funciones si se adhiere a organismos «oficiales» y se somete al PCCh.

Con respecto a la Iglesia Católica, el Acuerdo Sino Vaticano sobre el nombramiento de obispos, que se firmó en 2018 y fue renovado en octubre de 2020, no ha detenido la persecución de sus miembros, especialmente los no oficiales.

 

 

 

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