Sally Palomino / El País /
El sistema de salud obstaculizó el acceso a métodos anticonceptivos de emergencia a una joven que fue abusada por cuatro hombres.
La falta de atención a una víctima de violencia sexual hace seis años, tiene a Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez admitió –en marzo pasado- una demanda contra este país por darle la espalda a una mujer abusada sexualmente. La historia de María retrata la desprotección a la que se enfrentan las mujeres peruanas.
No la atendieron cuando pidió ayuda, temblando y asustada, una hora después de haber sido abusada. Los cuatro agresores la abandonaron en un parque y tras ser auxiliada por su familia fue llevada a un hospital porque suponían que era el primer lugar al que tenían que ir, pero se encontraron con un sistema que hizo todo para postergar su atención.
Para recibirla le exigieron una denuncia penal y su mamá tuvo que recorrer varias comisarías antes de que por fin se la aceptaran. “Me quedé con mi papá y mi hermano esperando en el hospital mientras ella hacía todo”, recuerda por teléfono desde Huánuco, en la sierra peruana, donde siempre ha vivido.
Con el documento logró que la ingresaran, pero no sirvió de mucho, cuenta que solo 48 horas después de la violación le recetaron la píldora del día siguiente. Ni ella ni su familia sabían cómo conseguirla ni cómo se debía usar.
La efectividad de esta pastilla disminuye con el paso de las horas y ni en el hospital, ni en las farmacias públicas pudieron encontrarla.
De los cuatro días que estuvo internada solo recuerda los interrogatorios: “Me preguntaban lo mismo una y otra vez”. Insistieron en pedirle detalles de la agresión, pero después de que le dieron de alta no le hicieron seguimiento a su caso. No hubo un proceso judicial ni acompañamiento psicológico.
La CIDH evalúa si el Estado peruano ha faltado por no sancionar a los responsables de la agresión y negar el suministro y la información sobre los procedimientos farmacológicos que necesitaba.
“Nos discriminaron porque somos pobres, porque no teníamos un seguro privado no nos dieron importancia”, dice María, que prefiere no dar su verdadero nombre por miedo. “Al agresor se le excusa y a la víctima se le juzga”, lamenta.
Entre 2015 y 2019, el Ministerio de Salud de Perú registró más de 5.000 partos de niñas entre siete y 14 años, todas sufrieron abuso.
Este año, de marzo a mayo 226 mujeres fueron agredidas sexualmente y aunque existe una orden judicial que obliga al Estado a facilitar el acceso a la anticoncepción oral de emergencia, no siempre se cumple.
“La de María no es una historia excepcional. En este país hay una lamentable tolerancia hacia la violencia sexual, lo que hace que las denuncias sean pocas y que las niñas sean forzadas a ser madres”, explica Claudia Castro de Promsex, la organización que junto al Centro de derechos reproductivos y a la organización Paz y Esperanza llevó el caso a la CIDH.
Por la violación, solo uno de los cuatro agresores fue detenido. Estuvo un año en un centro de reclusión para jóvenes porque cuando cometió el delito era menor de edad. María cuenta que se lo ha encontrado en la calle.
“No hubo justicia”, repite resignada. Carmen Martínez, del Centro de derechos reproductivos, reconoce que el Estado falló en todo: “Hay elementos suficientes para considerar que hubo efectivamente una violación de los derechos humanos de María”.
