Portugal legaliza la eutanasia: obispos en las barricadas

Agnés Pinard Legry  / Aleteia /

El viernes 29 de enero, el Parlamento portugués aprobó por amplia mayoría una ley que autorizaba la “muerte asistida médicamente”. Una decisión que provocó “la tristeza e indignación” de los obispos del país.

Al adoptar, el viernes 29 de enero de 2021, una ley que autoriza la «muerte asistida médicamente», Portugal se convirtió en el cuarto país europeo, después de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos (BeNeLux), en legalizar la eutanasia.

El texto fue aprobado por amplia mayoría (136 a favor, 78 en contra y 4 abstenciones).

¿Quién puede acceder a la eutanasia?

La ley permite que cualquier persona residente en Portugal y mayor de 18 años solicite la eutanasia. Siempre que sea un enfermo mental y se encuentre en una «situación de sufrimiento extremo» con «lesiones extremadamente graves»; o que padezca una «enfermedad incurable».

Por tanto, la decisión de acceder a la eutanasia debe ser validada por un comité formado por al menos dos médicos y un psiquiatra: puede practicarse tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas.

Con motivo de la votación, mientras la sociedad portuguesa atravesaba animados debates al respecto, la Conferencia de Obispos de Portugal participó «su tristeza y su indignación». Los pastores del país ibérico creen que:

El Parlamento rechaza las lecciones que ha dado esta pandemia sobre el precioso valor de la vida humana. […] No podemos aceptar que administrar la muerte sea una respuesta a la enfermedad y al sufrimiento. […] Aceptar esto significa renunciar a luchar y aliviar el sufrimiento, así como transmitir la idea errónea de que la vida marcada por la enfermedad y el sufrimiento deja de merecer protección y se convierte en una carga para el enfermo, para los que lo rodean y para el servicio sanitario.

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, tiene ocho días desde la votación para examinar el texto: puede promulgarlo y remitirlo a la Corte Constitucional o ejercer su derecho de veto, lo que obligaría al Parlamento a examinar el texto en otro momento.