Perú y la herida de las esterilizaciones forzadas: una “deuda histórica”

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Las esterilizaciones forzadas en Perú en tiempos de Fujimori son violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres; un tema que atraviesa a la sociedad y sigue pendiente.

Se estima que entre 1996 y 2000, más de 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron sometidos en Perú a esterilizaciones forzadas.

En la mayoría de los casos, sin preparación y sin cuidados postoperatorios.

Estos actos de violencia por parte del Estado responden al llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, y fueron perpetrados por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien los promovió como una medida para luchar contra la pobreza.

Aunque están tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, la Justicia peruana aún no los ha esclarecido del todo, y los culpables no han sido juzgados ni castigados.

Este lunes (8.02.2021), los medios se hicieron eco del anuncio del Gobierno peruano sobre que “reconoce el derecho a la indemnización de las víctimas”.

Pero la noticia como tal “no es del todo precisa”, explica a DW María Ysabel Cedano, abogada especializada en género de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), desde Lima.

María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), de Perú.

“La ley abre la puerta a los programas de reparaciones vigentes, incluidas la reparación económica, que requerirá modificaciones normativas del Poder Ejecutivo que deben ser hechas inmediatamente”, añade, y “eso nos preocupa porque puede generar expectativas falsas si no hay voluntad política”.

Con esta decisión, el gobierno incluye a esas mujeres en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del conflicto interno que enfrentó a las Fuerzas Armadas con los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El programa de esterilizaciones forzadas se focalizó en mujeres en edad reproductiva, la mayoría de ellas en situación de pobreza y gran vulnerabilidad. Muchas eran mujeres indígenas y migrantes internas. Algunas de ellas todavía no habían tenido hijos.

Es emblemático el caso de Mamérita Mestanza Chávez, una mujer de 33 años que fue intimidada desde 1996 hasta 1998, hasta que “accedió”, bajo presión, es decir, sin consentimiento, a ser operada.

No recibió ningún tipo de asistencia médica, ni antes ni después de la intervención, sufrió lesiones graves y murió debido a ellas. Su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) en 2003. 

La Fiscalía de Perú lo archivó tres veces, lo que provocó protestas de la sociedad peruana y de organizaciones de derechos humanos. Finalmente fue reabierto, pero aún no se ha juzgado a los responsables.

Demandas de justicia y reparación

La lucha por denunciar la impunidad que predomina en los casos de esterilizaciones forzadas tiene ya más de una década y es llevada a cabo por diversos movimientos de mujeres y de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional Perú, en su campaña “Contra su voluntad”, así como movimientos indígenas y de la colectividad LGTBI.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de esa práctica ilegal siguen exigiendo justicia y reparación.

En la nueva normativa se reconoce a las víctimas de “violencia sexual en todas sus formas”, lo que incluiría las esterilizaciones forzadas mediante ligaduras de trompas sin conocimiento ni consentimiento de las afectadas, lo que “atenta contra los derechos reproductivos”, dice María Ysabel Cedano.

Esto representa un hito, un importante avance en el reconocimiento legal de ese derecho de las víctimas, señala.

Si bien el Estado peruano ya reconoció administrativamente esos derechos en más de una oportunidad, “se desdijo varias veces, y hubo retrocesos”, explica la jurista y analista política.

Por ejemplo, durante el gobierno de Alan García. Después de él, el expresidente Ollanta Humala creó en 2016 el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual están inscritas más de 8.000 personas, mujeres y hombres.

El fujimorismo rechaza reparaciones 

Las congresistas indígenas quechuahablantes María Sumire, Hilaria Supa, y más tarde Tania Pariona, junto a DEMUS, lograron que se modificara la ley del Plan Integral de Reparaciones.

Rocío Silva Santisteban, congresista por el Frente Amplio, que retoma en la Comisión de Justicia la tarea de sus predecesoras, dijo en entrevista con DW que “el fujimorismo, que ha tenido la hegemonía en el Congreso en los últimos 15 años, niega que haya habido un conflicto armado interno en Perú.

No solo sufrimos por el terrorismo en los años 80 y 90, sino también por la represión indiscriminada, en determinados momentos y lugares, del Ejército y la Marina. Por lo tanto, sí hemos estado ante un conflicto armado interno, según la nomenclatura de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Por ese motivo, el fujimorismo ha querido negar todo lo vinculado a las reparaciones, pero en especial, a las reparaciones a las esterilizaciones forzadas”, aclara.

El proyecto de ley ya existía, indica, pero había sido encajonado varias veces, y no fue dado a conocer a la opinión pública durante varios años.

Cerca de 2.000 mujeres denunciaron formalmente haber sido esterilizadas sin su consentimiento, pero se desconoce el número exacto de muertes.

El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Defensoría del Pueblo de Perú recopilan evidencias al respecto, por lo que se espera tener datos más precisos.

El proceso penal contra Fujimori y sus exfuncionarios de Salud no ha tenido avances significativos.

El 1 de marzo está prevista una audiencia en la cual la Fiscalía presentará argumentos sustentando la denuncia final contra los imputados.

“Luego de una investigación fiscal preliminar larga, penosa y revictimizante de más de 16 años, el Ministerio Público le cree a 1.307 denunciantes, y si hay investigación judicial y eso concluye en una acusación, se iría a juicio oral. Si eso no sucediera, sería un escándalo.

Pero en este país, todo puede pasar”, advierte la abogada de DEMUS.

“Es un megajuicio, el primero de este tipo en Perú, y de importancia internacional, porque hay cerca de 1.700 víctimas que han demandado al Estado peruano, que, además, debe otorgarles defensa pública”, dice Silva Santisteban, que también es abogada y periodista, y está escribiendo un libro sobre el tema.

Se trata de un proceso complejo, un nuevo capítulo “que debe iniciarse en memoria de tantas mujeres, como Mamérita Mestanza, y tantas otras que murieron por las consecuencias de esas operaciones insalubres y violentas”, sostiene.

“Hay esperanzas” en la Justicia peruana

Para María Ysabel Cedano, que se reconozca el derecho a indemnización “es saldar una deuda histórica del Estado y la sociedad peruana.

Es tomar conciencia de que negarle justicia y reparación a las víctimas de esterilización forzada es negar el derecho a decidir de todas las mujeres peruanas.

Porque el fundamento por el cual se las esterilizó forzadamente era que el Estado puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres.

El Estado dijo que quería luchar contra la pobreza garantizando la autonomía de las mujeres, y lo que hizo fue negarles sus derechos a la planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos, el consentimiento previo libre e informado por escrito que debe existir en caso de emplear métodos irreversibles.

El Estado llevó a cabo una política sin garantizar esos derechos”, puntualiza.

“Todo estaba organizado de modo que los operadores de salud, tanto enfermeras como médicos, cumplieran con determinadas cuotas de esterilizaciones”, cuenta la congresista Silva Santisteban.

Si no se cumplían, no se les pagaba, y entonces “salían a buscar señoras”. Algunas mujeres, muchas muy jóvenes, iban al consultorio, se les daba una pastilla para dormir, y cuando despertaban, estaban esterilizadas sin su consentimiento.

Luego de este paso que abre un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad en Perú, está por verse si esas indemnizaciones se concretarán y llegarán realmente a las sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

Todavía no se sabe cuál será el monto de las indemnizaciones, ni la fecha en que entrarán en vigor.

El gobierno aún no se ha pronunciado sobre medidas para que las víctimas puedan acceder al programa de reparaciones.

“Vamos a realizar una serie de acciones para que haya un pronunciamiento oficial, con cartas abiertas, correos al ministro, actos en la calle, foros, tanto desde el movimiento ‘Somos 2074 y muchas más’, como desde el grupo de seguimiento de la Coordinadora de Derechos Humanos”, anuncia María Ysabel Cedano.

Para Rocío Silva Santiesteban, la lucha desde la política es “por la visibilización de un tipo de violencia sexual y de un tipo de control biopolítico sobre el cuerpo de las mujeres marrones, indígenas, mestizas, pobres, que no tenían la posibilidad de alzar su voz y no sabían cuáles eran sus derechos”.

Ahora, las mujeres están planteando el tema en diversos espacios. Un tema que atraviesa varias capas de la sociedad, a nivel nacional, y que está siendo reconocido ya a nivel internacional, “algo que agradecemos”, manifiesta.

Según la congresista, “hay esperanzas porque la Justicia peruana ha mejorado en los últimos años.

Es la primera vez que tenemos una mujer como presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Hay esperanzas”. (ers).