La delincuencia está desbordada

Fernando Berrocal / abogado y periodista/

La acción del guarda privado en Coronado fue impecable. Diría que heroica. En Orotina y en otros lugares, la gente está tomando con desesperación el control de la seguridad en sus manos y vapuleando fuertemente a los delincuentes.

La delincuencia está desbordada. Todo esto obliga a una reflexión profunda.

En diciembre, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, invitó a un grupo de exministros a una reunión y se nos presentaron las ideas y propuestas de una política pública integral de seguridad ciudadana.

Mi primera reacción fue felicitar al ministro. Hace años vengo insistiendo en esa necesidad y en la tesis de que la seguridad ciudadana y nacional, debe sacarse de los parámetros banales y mediocres del debate y los intereses político-partidarios y convertirse en una política pública integral del Estado.

Formule dos propuestas que estimo cruciales y una conclusión:

1.- La necesidad urgente de unificar por ley el mando superior de las policías y su necesaria coordinación a nivel nacional y municipal. Esa necesaria coordinación debe establecerse reformando la Ley General de Policía. No puede ser que la Fuerza Pública ande por un lado y las otras fuerzas de policía por el otro y que, en la indispensable coordinación entre todos esos cuerpos de policía, el Ministerio de Seguridad Pública pierda un tiempo valiosísimo, porque cada cuerpo de policía nacional (hay más de 10) y las emergentes policías municipales, están descoordinadas.

Le entregué al ministro Soto un proyecto de ley que presenté a la Facción Parlamentaria del PLN a principios del gobierno de Luis Guillermo Solís. Ni ese gobierno PAC, ni los Diputados del PLN, hicieron absolutamente nada para obligar por ley a esa coordinación urgente y necesaria.

2.- Retomar una activa coordinación, que también debe ser obligatoria por ley, entre la Fuerza Pública (cerca de 15.000 policías) y las empresas privadas de seguridad (unos 30 mil guardias privados), otorgándole a dichos guardias la condición real de “auxiliares de policías” y obligando a que, esos guardias de seguridad privados, reciban cursos de capacitación en la Escuela Nacional de Policía. Lo mismo debe hacerse con los más de 2000 guardias desarmados del Ministerio de Educación Pública, asignados a cuidar escuelas y colegios, que son centros vitales de educación, protección y seguridad para nuestra juventud y también escenarios apetecidos de venta de los narcotraficantes.

CONCLUSIÓN: Si establecemos por ley una obligatoria coordinación preventiva y sumamos todos esos recursos humanos, bien capacitados en la nueva Escuela Nacional de Policía, no habría argumentos para decir que no tenemos suficientes policías en las calles y que las mismas estén, como lo están, a merced de los delincuentes y los traficantes. Si sumamos y coordinamos, hay recursos humanos de seguridad suficientes, sobre todo si se les agregan nuevas tecnologías (cámaras) y capacidad de movilización y reacción preventiva. Lo que falta es que esa coordinación sea activa y obligatoria y que el Ministerio de Seguridad Pública tenga esa autoridad indiscutible y efectiva. 

Además…mucha participación, organización y control ciudadano y, cuanto antes, acabar en la Asamblea Legislativa con las leyes alcahuetas.