Proyecto sobre “crímenes de odio” rumbo a su sepultura

Róger Murillo/periodicomaranata.com/

Los partidos Nueva República, Restauración Nacional y Liberación Nacional, decidieron votar en contra del proyecto sobre “crímenes de odio”, por considerarlo una verdadera mordaza para la libertad de expresión.

El punto clave lo dio este lunes el Partido Liberación Nacional (PLN) cuando sus 17 diputados acordaron no votar esta iniciativa.

De acuerdo con el subjefe de fracción Jorge Fonseca, tanto él como su compañera Paola Valladares, votarán en contra de esta propuesta en la Comisión de Derechos Humanos, donde se analizan las modificaciones al texto.

Fonseca manifestó que tampoco le darían continuidad a los cambios que propondrá Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), que propuso el proyecto.

Sánchez reconoció que el proyecto actual no es viable y que solo tiene dos opciones: eliminar los artículos conflictivos, manteniendo los que se refieren a la prevención, o dejar la discusión para más adelante.

Por su parte el bloque Nueva República pedirá que el proyecto se archive, Restauración Nacional acordó votar en contra y a última hora se unió el Partido Unidad Social Cristiana, que enfatizó que no votarían el texto actual, aunque presentarán mociones para reformarlo.

Sumando la cantidad de diputados que votarían en contra de esta iniciativa, ya serían 31, lo que significa que el proyecto va rumbo a una  sepultura.

Como ya habíamos informado anteriormente, este proyecto (expediente 20.174) que actualmente está en la Comisión de Derechos Humanos, se denomina Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia.  

En principio no solo fue apoyado por el PAC y Frente Amplio, sino también por Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana.

Este proyecto lo que busca es prevenir y castigar las exclusiones fundamentadas en razones de nacionalidad, sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, idioma, religión, afiliación gremial, opiniones políticas, posición socioeconómica, condición migratoria o discapacidad, incluyendo penas de cárcel, según la interpretación que el Estado de a cada acusación.

La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y algunos abogados penalistas, ya se habían manifestado en contra de esta iniciativa, al considerarla como un riesgo para la libertad de expresión.

Cabe destacar que una delegación costarricense que viajó el 14 de mayo pasado a Ginebra, Suiza,  a rendir un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), les adelantó que el proyecto sobre “crímenes de odio” estaba en camino de ser aprobado. ¿Que dirá el gobierno ahora?