Lic. Fernando Berrocal / abogado y periodista /
No estamos viviendo los mejores momentos republicanos y democráticos de Costa Rica.
Históricamente ha habido otros más conflictivos, como la invasión filibustera y la heroica e inspiradora Campaña Nacional de 1856; la dictadura de los hermanos Tinoco; los eternos conflictos con Nicaragua; y los hechos que desembocaron en la Revolución de 1948 y la Constitución Política de 1949.
Los hechos y los delitos a que dio origen el Decreto Ejecutivo que crea la UPAD, son gravísimos y muy delicados, pero el país está en paz y está funcionando el Estado de Derecho. Eso debe tranquilizar a la ciudadanía, por más inédito e histórico que sea este primer allanamiento a la Casa Presidencial y la presencia de los cinco Magistrado de la Sala III de lo Penal.
Nadie en el ejercicio de la función pública, puede alegar ignorancia de la ley y, mucho menos, de la Constitución Política. Ese es el punto de fondo y, sobre eso, deberá fundamentarse la investigación que encabeza la Fiscal General de la República, por el nivel, rango y jerarquía de los sujetos investigados.
Pero todo esto tiene un trasfondo ético y hay que decirlo: la falsa moral victoriana que el fundador del PAC predicó por muchos años, generando desconfianza ciudadana en la política y en el ejercicio de la función pública, enarbolando una santa e inmaculada virtud ciudadana y política que terminó, como en El Tartufo del gran escritor Moliere, en una farsa teatral y cómica de palabras y enjuiciamientos legislativos que se llevó el viento. Otón Solís debería ser coherente, renunciar al BCIE y hacer honor a sus palabras.
También hay que decir que la primera responsabilidad de un ministro de la Presidencia es ponerle el pecho a las balas, para que éstas nunca hieran al Presidente de la República. Víctor Morales falló gravemente en esa alta responsabilidad y no es solo un asunto de “omisión” por firmar sin haber leído el Decreto. Ese irresponsable acto pasivo implicó una grave violación al Estado de Derecho y, con ello, la perdida de espacio ejecutivo en la Casa Presidencial y de negociación frente a la Asamblea Legislativa. En cualquier parte del mundo eso implicaría la renuncia del ministro de la Presidencia, con o sin censura de la Asamblea Legislativa.
Lo demás, debemos dejarlo en las manos del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia. A mi no me convencen los shows políticos de las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa. Son legales y tienen su razón de ser, pero en esas ordalías se esconde, también, mucha mentira e hipocresía política. La historia de la II República está llena de tales ejemplos.
Rescato, por su valor democrático intrínseco, el ejercicio y el formidable papel de control político real y efectivo de la libertad de prensa en Costa Rica.
Es la hora de la verdad y ésta, junto al Estado de Derecho, deben prevalecer y brillar sobre la política y cualquier otro interés personal o partidario.
