Curas y pastores podrían ser encarcelados por predicar en Bolivia

Fuente: Periódico La Resistencia/ Perú/

Evo Morales volvió a hacer de las suyas y de una manera dictatorial se impuso por encima de la ley para promover nuevas reglas de juego en el país.

Ese estilo dictatorial de gobernar puede explicar el ataque que para la libertad religiosa (consagrada en la Constitución de Bolivia –art. 4-) supone el artículo 88.11 del nuevo Código Penal, que establece penas de cárcel de 7 a 12 años para quienes hagan apostolado a organizaciones religiosas o de culto.

Así reza textualmente el artículo:

“Será sancionado con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la  persona que por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”.

Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento de gente para conflictos armados (¿terroristas?) con el apostolado religioso, lo cual es chocante y supone un atropello contra la libertad religiosa.

Además, la amenaza de cárcel supone que en Bolivia no se podrá predicar el Evangelio. Las homilías y sermones de sacerdotes y pastores podrían interpretarse como “apostolado delictivo”.

Tampoco se podría exponer el “Belén en Navidad” (portal) ni hacer procesiones en Semana Santa. Igual que en la China de Mao o en la Rusia de Stalin. Ya que considera delictivas a las organizaciones religiosas o de culto, incluidas -por supuesto- la Iglesia católica y el resto de iglesias.

Esto atenta gravemente contra la Carta Magna. La Constitución política de Bolivia señala lo siguiente en su art. 4:

“El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.

Pero esto es pura teoría, porque el Código Penal lleva a la catacumba a católicos (credo mayoritario en Bolivia) y evangélicos (que representan el 16% de los 10 millones de bolivianos).

Morales ya ha intentado limitar anteriormente la libertad religiosa en Bolivia, país que gobierna con tintes dictatoriales desde 2006. Ya en 2010 anunció que pretendía expropiar bienes inmuebles a la Iglesia Católica.

Después ha impuesto el laicismo en la práctica, coartando la libertad de religión de los católicos y los evangélicos.

Aunque Morales presume de respetar la religión, al mismo tiempo la pone en jaque con leyes laicistas. Personalmente dice que reza por sus padres, pero lo hace apelando al paganismo indigenista (dice que reza a la Madre Tierra: “Creo en la Madre Tierra y en nuestros dioses”).

Lo cierto es que a través de leyes como la 351, el Estado trata de controlar a la Iglesia católica y a los evangélicos, obligándoles a pagar elevados impuestos. Los protestantes, en concreto, temen que sus asociaciones terminen disueltas por la férrea presión a las que les somete el Gobierno de Morales.