CIDH contabiliza 76 muertes por represión gubernamental durante protestas en Nicaragua

Fuente: Elizabeth Romero / La Prensa de Nicaragua / Foto Uriel Molina /

La represión gubernamental durante un mes de protestas en Nicaragua estuvo caracterizada por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y “de terceros armados”, que provocó 76 muertes, centenares de heridos y detenidos. También causó detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa.

Igualmente, fueron implementadas otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. Esto es parte de lo reflejado por el informe preliminar de la visita al país por parte de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Un patrón de heridos por armas de fuego, la mayoría de los cuales presentaron impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax”, dice la CIDH en su informe preliminar.

Policía usó armas de fuego y francotiradores

Esto les llevó a aseverar que “la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la Policía tendría formación en el uso de los mismos”.

Asimismo, la CIDH recogió varios testimonios que hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional Dennis Martínez y en Matagalpa. “Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, indica la CIDH en su informe, el cual advierte que “la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público”.

Recuerda la CIDH que el uso de este tipo de fuerza únicamente es legítimo ante amenazas que pongan en riesgo la vida y la integridad física, por lo que el Gobierno debe implementar de inmediato mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.

Señaló la CIDH que “la respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático”.

El aporte del CENIDH

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, había asegurado momentos antes de conocer el informe, leído por la relatora de país, Antonia Urrejola, que ese organismo proporcionó la recopilación de 120 videos clasificados cronológicamente y por cada lugar donde hubo represión, como pruebas contundentes de las violaciones de derechos humanos contra las víctimas de abril a la fecha .

Sobre el informe, Núñez dijo que ella esperaba que sería “menos explícito de lo que ha sido”, pero la comisión fundamentó “con los hechos que todos hemos denunciado”.

“Un informe no se fundamenta en hechos que no se creen, hay credibilidad por parte de ellos en toda esa información recibida”, sostuvo Núñez, quien dijo que el informe es un instrumento “del que nos debemos de valer para seguir luchando en la vía jurídica, luchando en la vía internacional, pero luchando sobre todo en las calles de Nicaragua”.

Informe valioso

Ana Quirós, de la Iniciativa de Defensoras y una de las primeras víctimas de los grupos paramilitares el pasado 18 de abril, consideró que el informe les permite seguir demandando justicia y castigo para los responsables principales.

El secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, indicó que el informe demuestra que “existe una profunda crisis de violación a los derechos humanos” en el país.

Leiva expresó que esa organización ha señalado de forma insistente la falta de voluntad del Estado al cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua y que es lo que ha llevado a la pérdida de la paz social.

Queda en evidencia el papel de medicina legal

Sobre las atenciones de heridos en los hospitales y asesinatos, en el Instituto de Medicina Legal (IML), la comisión “observó casos en donde el registro careció de estándares forenses que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz”. En la mayoría de los casos conocidos, la comisión identificó que no fueron documentadas las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes y en más de una decena de casos los hospitales públicos que recibieron personas muertas en estos contextos, no realizaron autopsias, tampoco los cuerpos fueron remitidos al IML.

En otros casos, se les requirió a los familiares de las víctimas firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar las diligencias necesarias.

“Preocupa a la Comisión que decenas de víctimas, familiares y representantes expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la rendición de cuentas judicial por estos crímenes”, al igual que expusieron dudas sobre la eficacia acerca de la Comisión Porras.

Medidas cautelares

Urrejola confirmó que han recibido múltiples solicitudes de medidas cautelares por temor a la represión, aunque no especificó la cantidad. El funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, indicó que el problema radica en que al otorgarle medidas cautelares a una persona le designen un policía y habría que ver “si realmente va a garantizarme la seguridad y la vida”. Y dependerá de la actitud del Estado el término de aceptar o rechazar estas recomendaciones.

Darce considera que para que se cumplan las recomendaciones de la CIDH, pasa por algunos cambios, por ejemplo, en la Fiscalía, pues algunas de las víctimas han llegado a denunciar que “se han sentido interrogadas e inculpadas”, igual pasa con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “que ha venido marcando claramente su posición a favor del partido de Gobierno”.

Entre otro de los señalamientos que hace la CIDH está que el número para emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense no habría funcionado correctamente durante este período, que a los bomberos voluntarios se les habría impedido sacar a la calle las ambulancias oficiales. Y que “según denuncias durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información”, o en su lugar donde los atendieron “en algunos casos, tras ser intervenidos, fueron dados de alta con premura y algunos pacientes debieron regresar ante la delicada situación”.