OPINIÓN

Gloria Navas pide respuestas al presidente de la República sobre el tema del Fondo Monetario Internacional

Lcda. Gloria Navas / Coordinadora General / Movimiento Ciudadano CR” /

Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el tema de impuestos derecho de petición constitucional y garantía de pronta respuesta ejercicio del control político ciudadano.

A :

Señor presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, señor ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde señores y señoras del Consejo de Gobierno, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señores y señoras, jefes y jefas de fracción señores y señoras, diputados y diputadas.

 Los que suscribimos, los ciudadanos y ciudadanas abajo firmantes, integrantes del “Movimiento Ciudadano CR”, su Coordinadora General, Licda. Gloria Navas Montero, y la ciudadanía en general, nos manifestamos y solicitamos a ustedes, señor presidente de la Republica, señor ministro de Hacienda, señores Consejo Gobierno, diputados y diputadas, brindar respuesta pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes, con base a las disposiciones de la Constitución Política de cita, de los artículos

1 (Costa Rica es una República democrática, libre e independiente),

2(La soberanía reside exclusivamente en la Nación),

9 (El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial),

11 (Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad . . .La acción para exigirles la responsabilidad penal es pública),

25 (Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos . . .), 26 (Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente . . . para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios . . .),

27 ( Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución),

28 (Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones. Ni por acto alguno que no infrinja la ley. . .),

29 (Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura. . .),

30 ( Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado),

33 (Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana),

40 (Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula),

 41 ( Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Deberá hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes),

45 (La propiedad es inviolable . . .),

46 ( Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora),                                                48 (Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República. . . ),

56 (El trabajo es un derecho del individuo y una obligación de la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada. . .),                                 105 (La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. . .El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediate el referéndum . . .El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa . . .),                                           121 inciso 1) ( . . .corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al tribunal Supremo de Elecciones)),                                                     130 ( El Poder Ejecutivo lo ejercen en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores), 148 (El Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo),                                      176 (El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables), y 194 (Juramento constitucional de los funcionarios públicos: “Juráis a Dios u prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? -Sí juro-, Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.”),  

DECLARAMOS Y SOLICITAMOS: Primero: El Gobierno del Presidente Alvarado y su Ministro actual de Hacienda, don Elian Villegas Valverde, nos anunciaron un golpe bajísimo y un latigazo al bolsillo, -desde ya raquítico de los ciudadanos-, un desaforado, demencial e injusto “ajuste fiscal”. Este “ajuste” indudablemente somete a la ciudadanía costarricense a una completa ruina, especialmente a los trabajadores independientes, a los pequeños comerciantes, a los emprendedores y a todo aquél que día con día, de manera responsable y honesta, cubre las necesidades básicas de su hogar. Aclaramos, a excepción, de todos aquellos que sufren y padecen de los impactos de vivir en pobreza extrema. Lo enunciado no sólo golpea severamente la estabilidad emocional colectiva de TODOS, sino además, torna más pobre a la población, estimula la violencia, afecta la imagen y el apoyo internacional, deslegitima la gestión pública y fomenta el descontento masivo de la gente. La decisión no sólo es inconsulta a la ciudadanía sino, además, se han utilizado mecanismos para infundir temor en los habitantes. Segundo: El descalabro económico nacional no se debe únicamente a la pandemia. Ello es una cortina de humo. Se debe a las pésimas decisiones tomadas, aplicadas por la Administración Alvarado, las que sin duda alguna, impactan negativamente a los diversos sectores del país, a saber: comercio y servicios, agropecuario, industrial, turístico, así como, el ejercicio responsable de profesiones liberales, el emprendedurismo, entre otras actividades relacionadas. El incremento vertiginoso que ha sufrido la tasa de desempleo en el país, el cual alcanza a casi 600 mil personas y sus familias, no es obra del Covid-19, sino principalmente, de la ceguera gubernamental, la cual va acompañada de la galopante corrupción en el ejercicio de la función pública. No se rinden cuentas claras y se consumen delitos funcionales ante los ojos de la opinión pública. Tremendo descaro, irresponsabilidad absoluta, falta de humanidad e irrespeto a la investidura pública que los decisores políticos de este país ostentan, burlando una vez más, la confianza, anhelos y sueños que la ciudadanía depositó en ellos. Tercero: Estamos decididos a detener el desorden y la falta de consulta ciudadana. Los tres Poderes Supremos de la República se han divorciado de la realidad nacional, ignoran y actúan como si la nación fuese un pueblo fantasma. Están equivocados. Cuarto: Nos manifestamos desde ahora en contra de todo impuesto, carga tributaria que se pretenda y de toda negociación de endeudamiento y control interno, ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), si no escuchan y atienden las citadas peticiones. La soberanía reside en el pueblo, y esta la deposita en la Asamblea Legislativa. Es una simple delegación de autoridad a la que la nación unida no piensa renunciar, todo lo contrario, es precisamente la nación la que reclama formalmente, mediante los mecanismos esencialmente constitucionales correspondientes, la protección, la garantía de estabilidad social y económica, o sea, el bienestar general de toda la población. Eso se llama bien común. Quinto: Vivimos en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, el que posee toda una red de controles de orden sustancial y funcional como garantía. Se cuenta con un sistema de frenos y contrapesos. El control político y la función legislativa son las funciones esenciales del Parlamento, de ahí que debe actuar conforme al sentimiento nacional, debe escuchar la voz del pueblo, considerar y respetar las directrices ciudadanas. Además, debe atender al interés público de la voz ciudadana y, sobre todo, escuchar por medio de la representación solicitada: un órgano colegiado, integrado por profesionales de alto nivel, expertos en diversos temas de interés, ajenos a la función pública y que, a su vez, convocan y lideran diversos grupos sociales, como por ejemplo, comerciantes, industriales, profesionales y demás miembros de la sociedad civil agrupados. Se espera que dicho equipo, cuente con la intervención de la Defensoría de los Habitantes, instancia que haría la convocatoria inmediata y pertinente, a solicitud de los actores de referencia y demás interesados, quienes, una vez más, externarán sus opiniones y pretensiones a favor del bien común y el bienestar general. Deben escuchar Uds., oír, respetar y acoger las peticiones y recomendaciones de la ciudadanía comunicadas por la Defensoría de Habitantes y los grupos actuantes por medio de esa entidad. Habrá participación ciudadana organizada. Sexto: El Gobierno debe equilibrar las finanzas, y para esto, debe iniciar con: a) una propuesta seria, viable y sostenible dirigida a la reducción del gasto público; y b) una propuesta clara, factible y eficaz de reactivación económica y c) una propuesta clara y fundada de la restructuración del Estado en temas específicos sugeridos por los grupos organizados de la sociedad civil. No se puede seguir improvisando, no se aceptan más ocurrencias del Poder Ejecutivo, ni promesas incumplidas. El plan de reactivación económica debe contemplar necesariamente la generación de fuentes de empleo, la actual tasa de desempleo no puede seguir en aumento, de no ser así, no debe aprobarse ningún tipo de endeudamiento nacional. La confianza en aquellos que dirigen el rumbo del país se ha perdido. Lo que nunca se perderá lo es la buena voluntad del pueblo costarricense para salir adelante en los momentos difíciles, de gran crisis. Estamos más que conscientes de lo que ha venido ocurriendo y la respuesta gubernamental lo ha sido incompetente, sorda y casi nula. Una ciudadanía unida procura el bien común, y es a su vez, vigilante del accionar gubernamental. Ese es el norte propuesto. No descansaremos hasta que el barco no se estabilice y supere exitosamente la tormenta. Como pueblo, como país, acicalaremos. Sétimo: Proponemos una reforma integral del Estado. La matriz política debe cambiar, al igual que su estructura. La nación debe fortalecerse, no sólo a nivel económico y social, sino también en temas como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros. Se debe: a) incorporar el “impeachment,” como sistema político de sanción al torcido ejercicio del poder; b) reformar el procedimiento, a la fecha vigente, que permite elegir los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia; c) ampliar la acción popular en los procesos penales, para garantizar el juzgamiento, bajo el control ciudadano, de los ofensores de la ley en el ejercicio de la función pública; d) ampliar los motivos para el llamado al referéndum ciudadano y facilitar su tramitación, y d) hacer cesar la tramitología exagerada que hace al Estado cada vez más ineficiente . Esto por vía de ejemplo. La lista será ampliada con la integración de la voz de los diferentes actores ciudadanos debidamente organizados.

SOLICITAMOS, PEDIMOS Y EXIGIMOS EN UN PLAZO DE OCHO DIAS NATURALES A PARTIR DEL RECIBO DE LA MISIVA:

1. Al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y al Consejo de Gobierno, certificar y remitirnos toda la información relacionada con el Fondo Monetario Internacional, o sea, los nombres, los números de teléfono y las direcciones de correos electrónicos de las personas/funcionarios(as) del FMI, las gestiones, las propuestas y las contrapropuestas entre el Poder Ejecutivo, el Presidente Alvarado, sus Ministros y el Consejo de Gobierno, diseñadas y pretensiones pre negociadas y/o negociadas con esta instancia internacional, desde los últimos seis meses en adelante y siguientes, hasta concluir con esa entidad internacional, de previo a cualquier negociación definitiva pretendida. Incluirán las misivas, gestiones efectuadas ante la Asamblea Legislativa e información y actividad proveniente igualmente de parte de los funcionarios del FMI, con indicación de la integración de comisiones y demás grupos negociadores. En suma, solicitamos toda la información relacionada de interés público, para ejercer eficazmente el debido control ciudadano y el seguimiento puntual. Lo pedido es independiente de comunicados, conferencias de prensa, información a los medios colectivos de información, incluyendo redes sociales. 2. Al Poder Legislativo, al Presidente de la Asamblea Legislativa en ejercicio, a los Jefes y las Jefas de Fracción de los diferentes Partidos Políticos, así como, a los diputados y las diputadas, certificar y remitirnos: todas las gestiones relacionadas con el tema de impuestos y negociaciones efectuadas y en proceso con el Fondo Monetario Internacional que provenga del Poder Ejecutivo, incluyendo aquellos proyectos de ley y negociaciones internas dentro del ámbito Legislativo-Ejecutivo, Comisiones constituidas, agenda de las Comisiones pertinentes, en suma, todo lo relacionado con las negociaciones y demás gestiones legislativas relacionadas con el tema en cuestión, a saber: acuerdos, proyectos de ley, consultas constitucionales, entre otras; en aras de tornar eficaz el control ciudadano sobre el tema impositivo, profundizar sobre los acuerdos internacionales y los préstamos con o fuera del ámbito del FMI. Todo endeudamiento y posibles imposiciones y cargas tributarias, propuestas de ventas de activos, será de nuestro conocimiento para estudio, opinión, gestión y control ciudadano. Para la recepción de notificaciones vinculada a la información solicitada, señalamos: cr.movimientociudadano@gmail.com, con copia a glorianavas@navaslaw.com y despertemoscr@gmail.com

(Los comentarios y artículos de opinión, son propios de las personas que los escriben y no necesariamente representan el pensamiento de estre medio).

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