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Fundación Arias de Costa Rica solicitará un “cerco” de armas para régimen orteguista

Elizabeth Romero /  Jader Flores / La Prensa / Nicaragua /

La Fundación Arias para la Paz y Progreso Humano planteará en la próxima conferencia del Tratado de Comercio de Armas (TCA) de Naciones Unidas, la necesidad de que se establezca “un cerco a Nicaragua en el tema de armas y municiones”.

La conferencia se celebrará en agosto próximo en Japón.

La directora ejecutiva de la Fundación Arias, Lina Barrantes, explicó cuál es su intención, que “todos los países se comprometan a no dejar que por sus tierras ni por su aire ni por sus mares pasen armas y municiones que vayan a Nicaragua; tratar de obtener un compromiso político”, explicó Barrantes.

A finales de mayo pasado, la Fundación Arias emitió un pronunciamiento, a través del cual expresó su preocupación por la situación de violencia contra la población nicaragüense e instó a los países considerados proveedores de armas a Nicaragua “a revisar cuidadosamente la autorización de exportaciones”.

“El uso de la fuerza por parte del Gobierno de Nicaragua debe ser una alerta para los Estados Parte del TCA”, indicó el pronunciamiento.

Limitar venta de armas

Barrantes indicó que esto lo hicieron tomando en cuenta el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que establece que en caso de que se presuma que el Gobierno va a violar derechos humanos, los proveedores de armas y los países en tránsito para entregar armas y municiones a esos gobiernos deben hacer un análisis de riesgo y limitar el tráfico y venta de armas.

 “El planteamiento nuestro es (que) sabemos que las armas y municiones están entrando a Nicaragua por tierra y lo cual quiere decir que pasaron por nuestros países”, dijo Barrantes.

Aclaró Barrantes que “Nicaragua no es firmante del Tratado (…), pero Honduras sí y Costa Rica sí, Guatemala sí y El Salvador sí y por alguno de estos lugares pasaron las armas que están llegando, igual las municiones”.

Otra opinión técnica

Ana Yancy Espinoza, directora técnica de la Fundación, explicó que “el Tratado se plantea desde la perspectiva de las transferencias (transacciones de armas) en algunos lugares, las transferencias las realiza solo el Estado, en otros lugares hay empresa privada que hace las transferencias”.

En el tratado en mención, hay un punto en el que se especifica que se limita la venta de armamento en el caso de que haya posibilidades de que las armas sean utilizadas para otros fines, “como por ejemplo, cometer crímenes de lesa humanidad, para violar los derechos humanos, agredir a poblaciones vulnerables”.

El análisis de riesgo

Por tanto, los países que exportan armas “deberían hacer el análisis de riesgo y decir ‘bueno, nuestra embajada nos dice que la situación es confusa o que la situación es apremiante para la situación de derechos humanos de la población civil, entonces suspendemos las autorizaciones para enviar armas’”, explicó Espinoza.

Menciona nueve países

En el pronunciamiento de la Fundación Arias del 31 de mayo, emitido un día después de la violenta represión sufrida por la población el Día de las Madres, refirió que, según “datos recientes emitidos por comtrade.un.org (repositorio oficial de estadísticas de Comercio Internacional de la Organización de Naciones Unidas), en los últimos dos años (2016 y 2017) Nicaragua ha importado armamento de Estados Unidos, España, Austria, República Checa, Brasil, China, Argentina, Italia y México, entre otros países”.

Ambas funcionarias explicaron que también enviaron una solicitud a la cancillería de Costa Rica para que hagan una revisión de si en este momento hay armas en tránsito hacia Nicaragua. Esto, porque explicó Espinoza, el tratado igual funciona para países utilizados como tránsito. Aún no obtienen respuesta de las autoridades costarricenses.

¿Quién arma al Gobierno?

La pregunta de quién está armando al Gobierno es una nebulosa para algunos especialistas.

Para el mayor en retiro Roberto Samcam, en lo relativo a las compras de armamentos hay que dividir lo que es adquirido por el Gobierno, que a su criterio proviene de Venezuela, y lo que está dirigido a las tiendas de armas, que son muchas.

Aunque Samcam recordó que la mayoría de estos tipos de negocios privados está en manos de exmilitares o personas ligadas al Gobierno.

“Cuando empezó todo esto después del 18, 19 de abril —inicio de las protestas ciudadanas— recogieron como a los 15, 20 días, todas las armas de las tiendas (…) decomisadas, no sabría decir si después las compraron para armar a los paramilitares”, aseguró Samcam.

Socióloga explicó el rearme de los civiles

En febrero de 2017 la socióloga e investigadora en temas de seguridad, Elvira Cuadra, advirtió que en los últimos cinco años en Nicaragua ha habido “un rearme de civiles”.

Cuadra se basó en un estudio, realizado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, conocido por sus siglas como Sipri, publicado en esas fechas, el cual reveló el aumento en la compra de armas de fuego en más del 300 por ciento.

En el primer semestre de 2016, la Policía Nacional invirtió 1.5 millones de euros en materiales antidisturbios, los que fueron adquiridos de proveedores españoles, según documento del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.

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